Inmigrantes con estatus de protección temporal a quienes se les deniega la tarjeta de residencia

El lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los inmigrantes que ingresaron al país sin pasar por inspección y a quienes posteriormente se les otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no podrán solicitar la residencia permanente en la mayoría de los casos.

La ley federal exige que los inmigrantes que deseen convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos (titulares de la «tarjeta verde») hayan sido «inspeccionados y admitidos» en el país en un puerto de entrada, como un aeropuerto o un punto de inspección en una frontera terrestre con Canadá o México. Sin embargo, los inmigrantes que, independientemente de su forma de entrada, sean ciudadanos de países que se enfrentan a desastres naturales a gran escala, como terremotos o guerras civiles, pueden obtener el TPS y el permiso para permanecer en los Estados Unidos. Se pidió al Tribunal Supremo que determinara si un no ciudadano que había entrado ilegalmente en los Estados Unidos, pero al que posteriormente se le concedió el TPS, cumplía el requisito de «inspección y admisión». En una decisión unánime, la jueza Elena Kagan escribió que «dado que la concesión del TPS no va acompañada de un permiso de admisión, no elimina el efecto descalificador de una entrada ilegal».

La decisión afectará a miles de inmigrantes que se encuentran actualmente en Estados Unidos bajo el TPS, en particular a aquellos que están casados con ciudadanos estadounidenses.

El proyecto de ley que prohíbe los acuerdos de detención de inmigrantes avanza en la legislatura de Nueva Jersey, mientras que el Departamento de Justicia lucha contra la prohibición de California sobre la detención privada.

La detención civil de inmigrantes se está convirtiendo cada vez más en un problema en todo el país. En Nueva Jersey, esta práctica se enfrenta a una oposición cada vez mayor tanto por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes como de los residentes del estado.

En respuesta, el Comité de Derecho y Seguridad Pública de la Asamblea Estatal presentó un proyecto de ley patrocinado por los asambleístas demócratas Verlina Reynolds-Jackson, Gordon Johnson y Linda Carter, que pondría fin a la detención de personas por infracciones civiles de inmigración. Si se aprueba el proyecto de ley, se prohibiría a los organismos gubernamentales locales y a los centros de detención privados de Nueva Jersey celebrar nuevos acuerdos o renovar los contratos existentes con las autoridades federales de inmigración para detener a personas por infringir las leyes de inmigración.

Aunque el proyecto de ley aún no se ha sometido a votación, el condado de Essex, donde se encuentra Newark, la ciudad más grande del estado, ha anunciado que rescindirá sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para alojar a personas sin ciudadanía por infracciones migratorias, y otros condados han indicado que también están abiertos a esa idea.

Mientras tanto, al otro lado del país, en California, continúa una lucha similar relacionada con la prohibición estatal de 2019 sobre el funcionamiento de los centros de detención privados, que albergan a más de ocho de cada diez inmigrantes que se encuentran en detención civil en todo Estados Unidos.

El gobierno federal presentó una impugnación a la prohibición, argumentando que el estado no puede regular los contratos entre el gobierno federal y las empresas privadas. El Departamento de Justicia también ha argumentado que la prohibición es poco práctica porque todas las instalaciones de detención del ICE en California son de propiedad privada.

La jueza federal de distrito Janis Sammartino dictaminó que, dado que la ley federal no autoriza expresamente al ICE a contratar prisiones privadas, California no estaba impedida para promulgar la prohibición, aunque indicó en su fallo que el ICE aún puede detener a inmigrantes construyendo nuevos centros o alquilando instalaciones privadas existentes que no estén en uso. A pesar de las apelaciones de los defensores, la administración Biden continúa con su apelación de esta decisión.

El caso se someterá a vista oral ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito la próxima semana. Elblog sobre derecho migratorio de Norris McLaughlin, «Immigration Matters»,seguirá informando sobre este asunto a medida que se desarrollen los acontecimientos.

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