Fin de la norma sobre carga pública de 2019

El martes 9 de marzo de 2021, la administración Biden solicitó al Tribunal Supremo que desestimara los recursos del Gobierno contra las sentencias judiciales que anulaban la norma de «carga pública», que había ampliado la capacidad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)para denegar la tarjeta de residencia a los inmigrantes con bajos ingresos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró que «la norma de carga pública de 2019 no se ajustaba a los valores de nuestra nación. Penalizaba a quienes accedían a las prestaciones sanitarias y otros servicios gubernamentales a su alcance. En consonancia con la visión del presidente, seguiremos aplicando reformas que mejoren nuestro sistema de inmigración legal».

Los jueces federales de todo Estados Unidos criticaron la norma y la consideraron ilegal. Sin embargo, el Tribunal Supremo permitió que la política continuara mientras se resolvían los recursos ante los tribunales federales inferiores. Los defensores de los inmigrantes han denunciado sistemáticamente la norma, al considerar que infundía miedo en los inmigrantes al penalizar a quienes accedían a la asistencia sanitaria y otros servicios vitales a su alcance. La Sociedad de Ayuda Legal, la Red Católica de Inmigración Legal Inc. y otras organizaciones emitieron un comunicado en el que declaraban que «las familias inmigrantes ahora pueden acceder a la asistencia sanitaria, los alimentos y la ayuda para la vivienda que les pueden salvar la vida y a los que tienen derecho, sin temor a perder la oportunidad de obtener la residencia permanente legal».

Teniendo en cuenta esta decisión, el 10 de marzo, el USCIS declaró que volverá a la guía anterior de 1999 sobre la inadmisibilidad por carga pública y que ya no aceptará documentación relacionada con las nuevas normas.

Los solicitantes de visado a los que se les denegó anteriormente debido a la prohibición de viajar ahora pueden volver a presentar su solicitud.

El lunes 8 de marzo de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de visado a los que se les había denegado la entrada en virtud de la prohibición de viajar impuesta por la administración Trump a los ciudadanos extranjeros de 13 países, en su mayoría de mayoría musulmana, pueden presentar nuevas solicitudes de visado o solicitar nuevas decisiones sobre esas denegaciones.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo que aquellos a quienes se les denegó el visado antes del 20 de enero de 2020 deben presentar nuevas solicitudes de visado y abonar las tasas correspondientes, y que sus casos se reconsiderarán según las nuevas directrices. Los solicitantes a quienes se les denegó el visado después de esa fecha pueden solicitar que se reconsidere la denegación sin necesidad de presentar nuevos formularios ni abonar nuevas tasas.

Esta decisión afecta a decenas de miles de personas a las que se les ha prohibido entrar en Estados Unidos desde 2017 en virtud de la prohibición de viajar.

Los venezolanos pueden optar al estatus de protección temporal

El martes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una orden en la que declaraba que los venezolanos pueden optar inmediatamente al Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a los inmigrantes de países en crisis, les exime de la deportación y les permite solicitar permisos de trabajo. La exención tendrá vigencia al menos hasta septiembre de 2022. Los venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021 son elegibles para solicitarla. Esto tendrá un impacto significativo en nuestra región: de las 100 ciudades y pueblos de Estados Unidos que albergan el mayor número de venezolanos, cuatro se encuentran en Nueva Jersey, en los condados de Bergen, Warren y Passaic, y dos en el este de Pensilvania.

Anteriormente, la legislación para extender el TPS a los venezolanos había sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado. En su último día en el cargo, el expresidente Trump emitió un memorándum por el que concedía a los refugiados venezolanos la salida forzosa diferida, lo que les proporcionaba un alivio temporal de la deportación, pero la medida fue criticada por los demócratas por considerarla insuficiente. El representante Darren Soto (demócrata por Florida), que había liderado los esfuerzos para ampliar el TPS a los venezolanos, comparó el memorándum con «concederles unas migajas al salir». El representante Soto dijo a los periodistas que el TPS «es un estatus muy superior que está consagrado en la ley, a diferencia de las salidas forzadas diferidas, que se amplían a discreción del presidente».

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