El presidente Biden pone fin a las restricciones sobre los visados de residencia permanente

El miércoles, la administración Biden anunció que revocaba una orden de la era Trump que suspendía la emisión de visados de residencia permanente a la mayoría de los familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes actuales.

La orden prohibía a cualquier persona que no fuera el cónyuge o hijo menor de un ciudadano estadounidense obtener la residencia permanente legal a través de una solicitud basada en la familia. La administración Trump, que instauró por primera vez esta política en abril de 2020, afirmó que era necesaria para proteger el mercado laboral estadounidense durante la pandemia de COVID-19. La política impidió que decenas de miles de hermanos, padres e hijos adultos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes vinieran a Estados Unidos.

Además, el presidente Biden anunció que revocaría una política paralela que suspendía la inmigración de personas seleccionadas a través de la «lotería de diversidad», que permite cada año a varios miles de ciudadanos extranjeros de países con poca representación en la población estadounidense emigrar a Estados Unidos. Aún no está claro si aquellos que ya habían sido seleccionados, pero que se quedaron fuera durante los diez meses en los que se prohibió la admisión, tendrán la oportunidad de completar el proceso.

La moratoria de 100 días sobre las deportaciones sufre otro revés en el Tribunal Federal

El martes 23 de febrero de 2021, el juez Drew Tipton, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, dictó una orden judicial preliminar que impedía al presidente Biden aplicar un memorándum ejecutivo, emitido en su primer día en el cargo, que pedía la suspensión temporal de las deportaciones desde los Estados Unidos.

En su fallo, el juez Tipton dejó claro que «la medida cautelar se concede a nivel nacional y prohíbe la aplicación y ejecución de la [moratoria de deportaciones] en todos los lugares» en los que el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para ejecutar órdenes de expulsión. El juez Tipton afirmó además que el fiscal general de Texas, que presentó la demanda, demostró que la suspensión de las deportaciones violaba las leyes y procedimientos administrativos y causaría un perjuicio financiero al estado.

No obstante, la medida cautelar no impide al Gobierno aplicar otras secciones del memorándum del 20 de enero, incluida la revisión de las políticas y prácticas relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración.

El Tribunal Supremo estudiará el recurso contra la prueba de riqueza para inmigrantes

El lunes 22 de febrero de 2021, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó examinar una impugnación legal contra una norma implementada por la anterior administración Trump que elevaba significativamente el nivel de prueba exigido a los inmigrantes para demostrar que no aceptarían prestaciones públicas en los Estados Unidos.

Si bien Estados Unidos ha permitido durante muchas décadas que los funcionarios de inmigración denieguen la residencia permanente a las personas que no demuestren que no aceptarán prestaciones del gobierno, la nueva norma amplió el alcance de la revisión de documentos por parte del gobierno, incluyendo el historial completo de estudios y certificados profesionales, el historial y los informes crediticios, y la prueba de seguro médico actual y anterior, entre otros. Los defensores de la inmigración han criticado esta política, argumentando que disuade a los inmigrantes de acudir a las clínicas de salud pública y a otros programas a los que tienen derecho, por temor a futuras complicaciones con sus solicitudes. Susan Welber, abogada de la Legal Aid Society, afirma que esto ha sido especialmente problemático durante la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Supremo examinará la legalidad de la política, lo que ejercerá presión sobre la Administración Biden para que adopte una postura definitiva sobre la cuestión ante los tribunales. El presidente Biden aún no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

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