El DOJ Anuncia Acuerdo por Reclamaciones de Discriminación Relacionada con la Inmigración con Compañía de Seguros
El Departamento de Justicia (“DOJ”) continuó su ofensiva contra las prácticas discriminatorias por parte de los empleadores cuando anunció, el 24 de enero, que había llegado a un acuerdo con una compañía de seguros con sede en Virginia para resolver acusaciones de que la empresa incurrió en discriminación relacionada con la inmigración. El acuerdo, como muchos otros desde que el Presidente Biden asumió el cargo, destaca los esfuerzos continuos de la administración para identificar y procesar prácticas discriminatorias que violan la ley de inmigración de EE. UU.
Acusaciones de Discriminación Contra un Trabajador No Estadounidense
Según el comunicado de prensa del DOJ, la investigación reveló que representantes de la compañía con sede en Virginia incurrieron en prácticas discriminatorias al solicitar a un no ciudadano (quien resultó ser un residente permanente legal) que proporcionara una Tarjeta de Residente Permanente durante el proceso de contratación. De hecho, el posible empleado ya había presentado documentación legalmente satisfactoria para cumplir con el requisito de documentación I-9 para nuevos trabajadores en los Estados Unidos. Por supuesto, de acuerdo con la ley de inmigración de EE. UU., todos los empleados en los Estados Unidos tienen derecho a elegir qué documentación presentar al demostrar su estatus legal para trabajar en este país.
Además, la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) concluyó que desde el 1 de junio de 2017 hasta al menos el 1 de agosto de 2020, la empresa incurrió en prácticas discriminatorias contra no ciudadanos al no considerarlos y/o contratarlos para puestos de trabajo basándose únicamente en su estatus de ciudadanía. Estas prácticas violaron las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ("INA").
Según el anuncio del acuerdo, la empresa aceptó pagar $9,500.00 en multas civiles a los Estados Unidos y hasta $70,000.00 en salarios atrasados a los trabajadores afectados. Además, el acuerdo exige que la empresa capacite a sus empleados sobre los requisitos de las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Finalmente, la empresa seguirá sujeta a los requisitos de supervisión y presentación de informes del departamento.
Disposiciones Antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Las disposiciones antidiscriminatorias de la INA se encuentran en 8 U.S.C § 1324(b) y sus regulaciones asociadas en 28 C.F.R. Parte 44. Estas disposiciones prohíben la discriminación basada en el estatus de ciudadanía y el origen nacional en la contratación, el despido, el reclutamiento y la remisión de trabajadores a cambio de una tarifa. Las disposiciones también prohíben las prácticas documentales injustas, como la involucrada en este caso. Estas leyes también hacen ilegal tomar represalias o intimidar a personas protegidas que presenten una queja relacionada con discriminación contra el empleador. El incumplimiento de estas leyes puede resultar en un proceso judicial, lo que conlleva multas civiles y otras sanciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados ("IER") de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) hace cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Como señaló la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la IER sobre este caso, "los empleadores no pueden negarse a contratar solicitantes basándose en su estatus de ciudadanía, excepto cuando la ley los autoriza a hacerlo. Los empleadores también tienen prohibido discriminar a los trabajadores al verificar su permiso para trabajar". Como se ha demostrado en publicaciones anteriores de este blog, la aplicación de estas leyes ha sido constante bajo la administración Biden.
Demandas por Discriminación Bajo la Administración Biden
La administración Biden sigue combatiendo las prácticas discriminatorias por parte de los empleadores, y como destaca este acuerdo, las consecuencias de violar la ley de inmigración pueden ser increíblemente costosas. Por lo tanto, los empleadores que buscan navegar las complejidades de la ley de inmigración deben ejercer su debida diligencia y consultar a un abogado.
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