El DOJ anuncia acuerdo sobre reclamaciones de discriminación relacionadas con la inmigración contra empresa de alimentos congelados
El Departamento de Justicia (“DOJ”) anunció recientemente que ha llegado a un acuerdo con una empresa de alimentos congelados con sede en Minnesota para resolver reclamaciones de discriminación relacionadas con la inmigración. El acuerdo, que resuelve las acusaciones de que la empresa discriminó a ciudadanos no estadounidenses debido a su estatus de ciudadanía, destaca los esfuerzos continuos de la administración Biden para identificar y procesar prácticas discriminatorias que violan la ley de inmigración de EE. UU.
Acusaciones de discriminación contra trabajadores no estadounidenses
Según el Departamento de Justicia, una investigación reveló que la empresa incurrió rutinariamente en prácticas discriminatorias, incluyendo la solicitud de documentación de trabajo a no ciudadanos, mientras que no hizo tal solicitud a ciudadanos estadounidenses. Específicamente, la empresa supuestamente solicitó documentación específica emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”). Sin embargo, bajo la ley de inmigración de EE. UU., todos los empleados en los Estados Unidos tienen derecho a elegir qué documentación presentar al demostrar su estatus legal para trabajar en este país. En consecuencia, estas prácticas violaron las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”).
El anuncio del 10 de enero de 2022 describió los términos del acuerdo de conciliación: la empresa acordó pagar $40,000.00 en multas civiles, ajustar sus políticas de empleo para cumplir con las políticas antidiscriminatorias de la INA y capacitar a sus empleados para prevenir futuras violaciones de la ley.
Antidiscriminación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Las disposiciones antidiscriminatorias de la INA se encuentran en 8 U.S.C § 1324(b) y sus regulaciones asociadas en 28 C.F.R. Parte 44. Estas disposiciones prohíben la discriminación basada en el estatus de ciudadanía y el origen nacional en la contratación, el despido, el reclutamiento y la remisión de trabajadores a cambio de una tarifa. Las disposiciones también prohíben las prácticas documentales injustas, como la involucrada en este caso. Finalmente, estas leyes hacen ilegal tomar represalias o intimidar a las personas protegidas que presentan una queja relacionada con discriminación contra el empleador. El incumplimiento de estas leyes puede resultar en un proceso judicial, lo que conlleva sanciones civiles y otras penalizaciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (“IER”) de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) hace cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Bajo la administración Biden, la aplicación de estas leyes ha sido constante. Según la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del DOJ, “[l]os empleadores deben permitir que todos los empleados —ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos por igual— proporcionen cualquier documento válido y aceptable de su elección para demostrar su permiso para trabajar. La División de Derechos Civiles continuará investigando y tomando medidas para detener la discriminación ilegal por motivos de ciudadanía, estatus migratorio y origen nacional.”
Aplicación de las Reclamaciones por Discriminación por parte del Departamento de Justicia (DOJ)
Este anuncio surge tras una serie de acuerdos similares relacionados con la discriminación, anunciados por el Departamento de Justicia a finales del año pasado, como se documentó en una publicación anterior en este blog. A medida que la administración Biden inicia un nuevo año, parece que continúa sus esfuerzos para hacer cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Para evitar desafíos legales similares, las empresas estadounidenses deben ejercer el máximo cuidado al implementar sus prácticas de contratación para garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración.
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