La implementación de la controvertida prueba de patrimonio para la tarjeta verde y el visado de inmigrante se vio limitada por una orden de un tribunal federal de apelación el 12 de agosto de 2020. Esto permite a la administración Trump continuar con la política de la prueba de patrimonio en todos los estados excepto Nueva York, Connecticut y Vermont. Estos tres estados habían demandado a la administración Trump por la norma de carga pública.

El mes pasado, un juez federal de Nueva York dictaminó que la prueba de «carga pública» estaba obstaculizando los esfuerzos nacionales para contener el coronavirus al disuadir a los inmigrantes de solicitar asistencia pública, incluido el tratamiento médico, durante la pandemia. El Tribunal del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en una orden de un solo párrafo, limitó esta orden al permitir la aplicación de la norma en todo el país, excepto en Nueva York, Connecticut y Vermont. La orden supuso una victoria para la administración Trump. La política de carga pública se considera una de las restricciones más drásticas de las políticas de inmigración de los últimos tiempos.

¿Qué es la norma sobre carga pública?

La norma sobre carga pública otorga al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) la facultad de denegar una solicitud de tarjeta verde si se descubre que el solicitante ha dependido de ayudas gubernamentales como seguro médico, vales de vivienda o cupones de alimentos. En virtud de la nueva norma, un funcionario de inmigración podría considerar como carga pública a cualquier persona cuyos ingresos sean inferiores al 250 % del nivel federal de pobreza. Esto significa que una familia de cuatro miembros cuyos ingresos sean inferiores a 64 000 dólares al año ni siquiera tiene que presentar la solicitud. Las personas mayores o con discapacidad, procedentes de países donde no se habla inglés, podrían ser las más afectadas.

Esta norma debía entrar en vigor en octubre de 2019, pero las órdenes de los tribunales federales retrasaron su aplicación. En abril de 2020, los fiscales generales de Nueva York, Connecticut y Vermont solicitaron al Tribunal Supremo que reconsiderara la política de carga pública. La principal preocupación de estos estados era que los inmigrantes eran los más afectados por la pandemia. Los estados presentaron pruebas de médicos, expertos y defensores que demostraban que, debido al temor de los inmigrantes a poner en peligro su estatus migratorio, no solicitaban asistencia médica pública incluso cuando dicha asistencia era esencial.

Prueba de patrimonio para la tarjeta verde

A raíz de esto, el juez federal suspendió la aplicación de la política hasta el final de la pandemia. El juez Daniels dictaminó que, para los inmigrantes, sería una «elección imposible entre poner en peligro la salud y la seguridad personal o su estatus migratorio». El juez Daniels también suspendió la norma de carga pública del Departamento de Estado. Esto se aplica a las personas en el extranjero que solicitan visados de inmigrante, en cuyo caso los funcionarios de inmigración analizarán si los inmigrantes solicitantes podrían suponer una carga pública. Este análisis se realiza sobre la base de la edad, el potencial de ingresos, el patrimonio, la salud y otros factores.

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS ) ha declarado que la agencia está evaluando la viabilidad administrativa de volver a implementar la norma de carga pública. Para obtener más información sobre esta entrada del blog o si tiene alguna otra duda sobre inmigración, no dude en ponerse en contacto conmigo enrglahoud@norris-law.como en el (484) 544-0022.