Las nuevas y radicales propuestas de Biden en materia de inmigración

El presidente Joe Biden, que tomó posesión de su cargo el miércoles, presentará al Congreso un proyecto de ley de reforma migratoria de amplio alcance. Este proyecto de ley supone un cambio radical con respecto a muchas de las políticas migratorias del gobierno anterior.

La característica más destacada del proyecto de ley es un proceso de ocho años para obtener la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen actualmente en Estados Unidos sin estatus legal. En concreto, el proyecto de ley permitiría a los inmigrantes indocumentados que vivan en Estados Unidos a fecha de 1 de enero de 2021 obtener la residencia permanente legal en un plazo de cinco años, siempre que superen los controles de antecedentes, paguen impuestos y cumplan otros requisitos básicos. A continuación, habría un proceso adicional de tres años para obtener la naturalización como ciudadano estadounidense.

El proyecto de ley también establece que otros no ciudadanos, como los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los trabajadores agrícolas y aquellos con Estatus de Protección Temporal, podrían optar a una vía más rápida para obtener la residencia permanente legal. Tendrían que demostrar que están trabajando, estudiando o que cumplen otros requisitos que aún no se han publicado.

Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, supondrá un cambio significativo para los residentes de todos los estados del país. Por ejemplo, Nueva Jersey alberga a más de 22 000 beneficiarios del programa DACA que han superado controles de antecedentes y han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante muchos años. Poner fin al programa DACA y expulsar a estas personas del mercado laboral, tal y como propone la Administración Trump, reduciría el PIB anual del estado de Nueva Jersey en casi 1600 millones de dólares. Pero Nueva Jersey no es una excepción: casi 800 000 niños y jóvenes de todo Estados Unidos han obtenido el DACA, lo que les permite permanecer en el país e ir a la escuela, y les da la oportunidad de contribuir positivamente a sus familias y comunidades. Poner fin al DACA eliminaría a más de medio millón de trabajadores de la economía nacional, lo que supondría una pérdida de más de 460 000 millones de dólares en el PIB nacional durante la próxima década.

Juez federal bloquea el aumento de las tasas judiciales en materia de inmigración

El lunes, el juez federal de distrito Amit Mehta dictó una orden judicial a nivel nacional que bloquea la imposición de aumentos significativos en las tasas de tramitación para los inmigrantes en los procedimientos judiciales. La decisión fue el resultado de una demanda presentada por varias organizaciones sin ánimo de lucro defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Red Católica de Inmigración Legal, que se oponían a los cambios propuestos en las tasas. La demanda, presentada el 23 de diciembre de 2020, argumentaba que los fuertes aumentos de las tasas eran desorbitados y afectarían gravemente a los litigantes con menos recursos económicos. Las tasas iban a entrar en vigor el 19 de enero de 2021.

El 18 de diciembre de 2020, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dio a conocer una norma que habría aumentado drásticamente las tasas de tramitación en los tribunales de inmigración y ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Por ejemplo, habría establecido una tasa de 50 dólares para solicitar asilo por temor a regresar al país de origen, habría aumentado la tasa para presentar una solicitud de residencia permanente a través del tribunal de 100 a 305 dólares, y habría aumentado la tasa para apelar una decisión del tribunal de inmigración de 110 a 975 dólares, lo que supone un aumento de casi el 900 %. Sin embargo, el tribunal permitió aumentos modestos, como el aumento de 110 a 145 dólares para presentar una moción para reconsiderar una decisión anterior de un tribunal de inmigración.

Esta orden judicial es solo temporal, y las partes volverán a reunirse a finales de enero para seguir revisando el caso. El blog sobre derecho migratorio de Norris McLaughlin, «Immigration Matters», seguirá de cerca el desarrollo de este caso.

El Tribunal Supremo debate las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos

El 11 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó los argumentos orales sobre la cuestión de si los inmigrantes detenidos con órdenes de expulsión previas tenían derecho a audiencias de fianza individualizadas.

En el caso Pham contra Guzmán Chávez, un grupo de varios detenidos afirmó que no estaban sujetos a la «detención obligatoria» —una disposición legal federal que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas retener a un extranjero durante un período indefinido sin una audiencia de fianza ante un juez de inmigración—, sino que tenían derecho a ser puestos en libertad. Tanto un tribunal de distrito de los Estados Unidos como el Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Virginia, concluyeron que estas personas tenían derecho a una audiencia de fianza individualizada, ya que habían solicitado una exención de expulsión basándose en su temor a regresar. Los demandantes argumentaron con éxito que su detención se regía por una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite la detención «en espera de una decisión sobre si el extranjero debe ser expulsado de los Estados Unidos» y permite la libertad discrecional bajo fianza. En su recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Gobierno afirma que la detención obligatoria debe seguir aplicándose a los no ciudadanos con órdenes de expulsión previas.

Se espera que se tome una decisión sobre el caso a finales de este año, lo que afectaría a la detención continuada de personas no ciudadanas en todo Estados Unidos.

Si tiene alguna pregunta sobre esta entrada del blog o cualquier otra duda relacionada con la inmigración, no dude en ponerse en contacto conmigo enwcmenard@norris-law.como en el 282-544-0022.