Los cruces fronterizos están a punto de alcanzar su nivel más alto en veinte años.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, anunció el martes 16 de marzo que se espera que el número de cruces fronterizos en la frontera sur de Estados Unidos alcance su nivel más alto en los últimos veinte años, lo que suscita preocupación por la seguridad, mientras tanto la administración Biden como el Congreso debaten cambios más a largo plazo en la política fronteriza estadounidense.

En su declaración, Mayorkas dijo que, en un esfuerzo por asegurar la frontera sur y proteger a los estadounidenses y a los migrantes, se está rechazando a la mayoría de los adultos solteros y las familias, aunque no a los menores no acompañados. Mayorkas continuó diciendo que la situación es difícil y que llevará algún tiempo resolverla. Mayorkas y Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, hicieron hincapié en que, si bien la política de la administración Biden es más humana que las anteriores, sigue sin tolerar las fronteras abiertas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está intentando abrir instalaciones adicionales con el fin de trasladar al creciente número de niños migrantes fuera de la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Se suspenden las nuevas normas procesales de los tribunales de inmigración

Un tribunal federal ha dictado una orden judicial preliminar que prohíbe la aplicación de nuevas normas que, en esencia, habrían impedido a los jueces de los tribunales de inmigración cerrar casos por motivos administrativos, incluso con el fin de reducir el gran volumen de trabajo. Las normas también habrían introducido cambios en los plazos y procedimientos para los inmigrantes que hubieran apelado las decisiones del juez de inmigración.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California determinó que las nuevas regulaciones violaban la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) porque el Departamento de Justicia no concedió tiempo suficiente para que el público pudiera opinar sobre la larga lista de cambios normativos. El Tribunal escribió que «el período de 30 días previsto para la presentación de comentarios públicos era insuficiente según la APA, especialmente en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19 y los numerosos cambios normativos simultáneos en el sistema de inmigración». El Tribunal añadió que «es probable que los demandantes ganen su demanda al alegar que las agencias no tomaron una decisión razonada al formular la norma».

La norma también habría limitado, entre otras cosas, la capacidad de los tribunales para reabrir los procedimientos de expulsión y los motivos por los que los jueces de apelación en materia de inmigración pueden devolver los casos para su revisión, además de acortar los plazos que tienen los inmigrantes y sus abogados para presentar sus casos ante el tribunal de apelación.

El condado de Cape May continúa su lucha de tres años con el estado de Nueva Jersey por la política federal de inmigración.

La oficina del sheriff del condado de Cape May ha apelado la desestimación por parte de un tribunal federal de una demanda que impugna la política de Nueva Jersey de restringir la capacidad de las fuerzas del orden locales para entregar a los detenidos indocumentados a los funcionarios federales de inmigración.

Como se informó anteriormente en el blog sobre leyes de inmigración de Norris McLaughlin, la administración Trump había establecido un procedimiento para que las fuerzas del orden locales comprobaran el estatus migratorio de los detenidos. Posteriormente, el estado de Nueva Jersey restringió la información que la policía local podía proporcionar a los agentes federales de inmigración, aunque no se prohibió toda cooperación. Según la política estatal actual, la policía no puede preguntar por el estatus migratorio de un sospechoso, y las cárceles no pueden mantener detenido a un delincuente no violento únicamente porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya solicitado que se retenga a una persona. En su decisión, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Freda Wolfson escribió que las restricciones locales a la cooperación no violaban la ley federal y desestimó las demandas presentadas por los condados de Cape May, Ocean y Monmouth.

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