La fiscal federal interina Jennifer Arbittier Williams anunció que los residentes de Pensilvania Miguel Morales, de 48 años, de Quarryville; José Morales, de 39 años, de Quarryville; Óscar Carrillo-Pérez, de 35 años, de West Grove, y Santiago García-Ramírez, de 44 años, de Landenberg, fueron arrestados y acusados. Morales fue acusado de conspirar para transportar y transportar a trabajadores indocumentados y de realizar declaraciones falsas. Morales y Urena fueron acusados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y de no recaudar y pagar los impuestos sobre el empleo.

Propietario de empresa de Quarryville acusado

Miguel Morales, propietario de Morales Contractor, con sede en Quarryville, actuaba como contratista y proporcionaba mano de obra a muchas granjas de setas del condado de Chester. La mano de obra que Morales proporcionaba a muchas granjas independientes estaba compuesta por trabajadores indocumentados. Además, Morales facilitaba el alojamiento de algunos de estos trabajadores indocumentados en unas diez viviendas de su propiedad, proporcionándoles transporte de ida y vuelta a las granjas y cobrándoles por el transporte y el alojamiento.

Miguel Morales, Carrillo-Pérez, García-Ramírez y José Morales conspiraron para transportar a los trabajadores indocumentados que se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos. La acusación también afirmaba que Morales contrataba a trabajadores sin tener en cuenta su situación migratoria, no presentaba los formularios W-2 de declaración de salarios e impuestos y no recaudaba ni pagaba al Servicio de Impuestos Internos (IRS) los impuestos sobre el empleo correspondientes a su negocio.

La segunda acusación alegaba que Miguel Morales y Lawrence Urena conspiraron para obstruir la evaluación y recaudación legal de los impuestos de desempleo por parte del IRS. Urena dirigía Urena Accounting, que se encargaba de la nómina del negocio de Morales y gestionaba todas las cuentas. Durante el año natural 2020, Morales pagó 3 644 142 dólares en salarios a sus empleados, normalmente a una tarifa de 10 dólares por hora. Morales tenía que pagar al IRS aproximadamente 921 968 dólares en impuestos sobre el empleo. Sin embargo, entre 2015 y 2018, Morales pagó al IRS solo una fracción de lo que debía, lo que supuso una pérdida fiscal de aproximadamente 2 millones de dólares.

Conspiración para emplear a trabajadores indocumentados y fraude fiscal a gran escala

Esta investigación fue llevada a cabo por la División de Investigaciones Criminales del IRS, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo y la División de Detectives del Condado de Chester. El caso está siendo procesado por la fiscal Karen Grisby.

«Según la acusación, Miguel Morales y los demás acusados sabían que estaban empleando a trabajadores indocumentados como parte de un plan que llevaba años en marcha para evitar pagar los impuestos que les correspondían a los Estados Unidos», afirmó el fiscal federal interino Williams. «Este caso trata sobre la explotación de los menos afortunados por pura codicia. Este tipo de fraude no se tolerará en este distrito, y los acusados ahora tendrán que responder por estos cargos».

Todos los acusados podrían enfrentarse a las siguientes posibles condenas si son declarados culpables:

• Morales: pena máxima posible de 250 años de prisión y multa de 8 750 000 dólares.
• Urena: pena máxima posible de cinco años de prisión y multa de 250 000 dólares.
• Carrillo-Pérez: pena máxima posible de 65 años de prisión y multa de 1 750 000 dólares.
• García-Ramírez: pena máxima posible de 85 años de prisión y multa de 2 250 000 dólares.
• Morales: pena máxima posible de 15 años de prisión, multa de 500 000 dólares y un período de libertad supervisada de tres años.

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