Resumen semanal sobre inmigración: Miles de personas en Nueva Jersey y otros estados se ven afectadas por el retraso en la reforma migratoria; finaliza la política «Permanecer en México»; el DHS flexibiliza la aplicación de las medidas de deportación.
Varios cientos de miles de personas en Nueva Jersey y estados vecinos se ven afectadas por el retraso en la reforma migratoria.
La decisión del parlamentario del Senado de los Estados Unidos de rechazar la inclusión de la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestaria de gran envergadura que se está debatiendo en el Congreso afectará a cientos de miles de personas en Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware, lo que provocó una marcha por Filadelfia el fin de semana pasado para presionar a los legisladores a fin de que proporcionen una vía para obtener la ciudadanía a millones de inmigrantes en los Estados Unidos. El martes tuvo lugar una marcha similar en Washington D. C., a la que asistieron muchas personas de los estados del Atlántico Medio. La medida de reforma habría proporcionado la residencia permanente a los trabajadores esenciales, los «soñadores» y las personas con estatus de protección temporal.
Los defensores de una vía hacia la ciudadanía temen que se esté cerrando la ventana que habría proporcionado un estatus legal permanente a millones de personas en Estados Unidos que viven con una protección temporal contra la deportación. Desi Burnette, coordinadora en Pensilvania del Movimiento de Líderes Inmigrantes, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, afirmó que «la gente está más decidida que nunca a asegurarse de que esto se apruebe ahora».
Se estima que 287 000 personas en Nueva Jersey, 115 000 en Pensilvania y 17 000 en Delaware podrían tener derecho a obtener tarjetas de residencia si la propuesta se convierte en ley.
Una encuesta realizada a principios de este año reveló que casi el 70 % de los encuestados, de todo el espectro político, apoyan la vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes descrita en la propuesta del Senado.
El nuevo Departamento de Seguridad Nacional emitirá un nuevo memorándum que pone fin a la política «Permanecer en México»
El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció que tiene la intención de emitir un nuevo memorándum de política que pone fin a los Protocolos de Protección de Migrantes (más conocidos como «Permanecer en México») instituidos por la administración Trump, que exigen a muchas personas que solicitan asilo en la frontera sur de los Estados Unidos permanecer en México mientras se tramitan sus casos.
La administración Biden había intentado revertir el programa, pero un juez federal de Texas ordenó que se reanudara, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó recientemente esa decisión. En su anuncio, el DHS afirmó que su nuevo memorándum revisará la política anterior y abordará las deficiencias identificadas por los tribunales.
El blog sobre leyes de inmigración de Norris McLaughlin, «Immigration Matters», seguirá de cerca los avances del MPP. Visite el blog con frecuencia para mantenerse al día.
El DHS establece nuevas normas para la aplicación de las medidas de deportación
Esta semana, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, anunció que los funcionarios de inmigración no detendrán ni deportarán a personas únicamente por encontrarse en el país en situación irregular. Las nuevas directrices emitidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) instruyen a los funcionarios a centrar sus operaciones en las personas que representan una amenaza para la seguridad pública, así como en aquellas que ponen en peligro la seguridad fronteriza o nacional. Las directrices hacen hincapié en las personas sospechosas de terrorismo o espionaje y en aquellas que han sido condenadas por delitos graves.
El ICE dio instrucciones específicas a los agentes para que dejaran de detener y deportar a los inmigrantes indocumentados que han estado contribuyendo positivamente a la sociedad, incluidos los trabajadores sanitarios de primera línea, los líderes religiosos y los trabajadores agrícolas. Los agentes deben considerar cada caso individualmente para determinar si la persona en cuestión entra dentro de una categoría prioritaria. Las nuevas directrices entrarán en vigor el 29 de noviembre de 2021.
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