Resumen semanal sobre inmigración: nuevas órdenes ejecutivas; continúan las deportaciones; se amplía la protección para los ciudadanos sirios.

Las nuevas órdenes ejecutivas de la administración Biden sobre inmigración
El 2 de febrero de 2021, el presidente Biden firmó tres órdenes ejecutivas sobre inmigración, concretando aún más su agenda para los próximos cuatro años.
La primera orden ejecutiva crea oficialmente un grupo de trabajo que tratará de reunir a las familias que fueron separadas en la frontera durante la administración anterior, revocando específicamente la orden ejecutiva del expresidente Trump que estableció la política de separación de niños. Las principales funciones del grupo de trabajo incluyen trabajar en todo el país para encontrar a los padres y los niños que fueron separados en la frontera, recomendar al presidente y a las agencias federales medidas que se pueden tomar para reunificar a las familias y sugerir pasos para prevenir la separación familiar en el futuro.
La segunda orden aborda la implementación de un plan para una migración segura y legal. La orden exige el estudio y la investigación de los problemas subyacentes que actualmente obligan a los migrantes a abandonar sus hogares, en particular a los migrantes de América Central, y propone soluciones para mitigar algunos de esos problemas. La Administración Biden también tiene previsto garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales de ayuda en Estados Unidos y pide que se revise la política del expresidente Trump de obligar a los inmigrantes a permanecer en México mientras esperan una audiencia judicial en Estados Unidos.
Una de las últimas órdenes ejecutivas exige una «revisión exhaustiva» de las políticas de inmigración actuales. En concreto, instruye a las agencias a revisar la norma de «carga pública» —que permite al Gobierno de los Estados Unidos denegar la admisión a un inmigrante si cree que es probable que esa persona acepte determinadas prestaciones públicas— así como otros aspectos relacionados. La orden también instruye a las agencias a realizar revisiones completas y exhaustivas de las regulaciones, políticas y directrices recientes que han creado barreras a la inmigración legal en los Estados Unidos.
Cientos de personas deportadas en los primeros días del gobierno de Biden
A pesar de la promesa del presidente Biden de una moratoria sobre las deportaciones durante sus primeros meses en el cargo, cientos de personas han sido deportadas de los Estados Unidos a al menos tres países: Jamaica, Guatemala y Honduras; y aún hay más vuelos de deportación programados para finales de este mes.
En su primer día en el cargo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que suspendía las deportaciones durante 100 días. Sin embargo, la semana pasada, un juez federal del Distrito Sur de Texas dictó una orden de restricción temporal para detener la aplicación de la orden del presidente Biden. El viernes 29 de enero de 2021, el tribunal prorrogó la orden de restricción temporal hasta el 23 de febrero de 2021. El Departamento de Justicia aún no ha intentado bloquear la orden.
Se prorroga por 18 meses el TPS para los sirios
El 29 de enero de 2021, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, David Pekoske, prorrogó la designación actual del Estatus de Protección Temporal para los sirios hasta septiembre de 2022. La devastación y la escasez de productos básicos causadas por la guerra civil en curso han provocado un aumento del número de refugiados y desplazados internos procedentes de Siria.
Esta prórroga permite a los sirios o apátridas que residían en Siria solicitar la designación del TPS incluso si entraron en los Estados Unidos después del 1 de agosto de 2016, fecha en la que se designó por última vez el TPS para los sirios. Por consiguiente, los ciudadanos sirios o residentes en los Estados Unidos que aún no se hayan inscrito en el TPS deben consultar sin demora a un abogado especializado en inmigración para determinar si reúnen los requisitos para acogerse a la protección contra la expulsión.
El gobierno de los Estados Unidos determinará el próximo año si se justifica una nueva prórroga de la designación del TPS.
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