El Tribunal Federal confirma la prohibición del fiscal general de Nueva Jersey de proporcionar información a las agencias federales

El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, que tiene jurisdicción sobre Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware, confirmó la directiva de 2018 del ex fiscal general de Nueva Jersey, Gubrir Grewal, de limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con las agencias federales de inmigración.

La orden, emitida por primera vez en 2018 y modificada un año después, prohibía tanto a los condados como a las fuerzas del orden proporcionar información personal, como números de la Seguridad Social y números de permiso de conducir, a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El fiscal general también prohibió a las fuerzas del orden prestar otro tipo de apoyo, como el acceso a bases de datos o espacio de oficinas, a los funcionarios del Gobierno federal con el fin de hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Por último, la directiva prohibía a los funcionarios federales de inmigración acceder a los detenidos a menos que estos proporcionaran formularios de consentimiento firmados por escrito.

Los condados de Ocean y Cape presentaron la demanda, alegando que «la directiva era inválida porque, según la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la ley federal prohíbe a las entidades gubernamentales impedir que cualquier funcionario público facilite información sobre el estatus migratorio de las personas a las autoridades federales». El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey desestimó la demanda, y el Tribunal del Tercer Circuito confirmó esa sentencia, al considerar que las leyes federales de inmigración no prevalecían sobre la directiva de Nueva Jersey, lo que permitía a este estado seguir aplicando la restricción a la cooperación con los agentes del ICE. Los abogados de estos condados no aclararon de inmediato si recurrirían este caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Inclusión de la vía hacia la ciudadanía y la seguridad fronteriza en el paquete presupuestario

El miércoles por la mañana, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución presupuestaria de 3,5 billones de dólares que incluía más de 100 000 millones de dólares en gastos destinados tanto a facilitar el acceso a la residencia permanente y la ciudadanía a millones de inmigrantes como a mejorar la seguridad fronteriza. Es probable que la Cámara de Representantes vote el proyecto de ley a finales de agosto, cuando regrese de las vacaciones de verano.

La resolución presupuestaria instruye a los legisladores a trazar un camino hacia la «residencia permanente legal para los inmigrantes cualificados» en Estados Unidos, afirmando que esto beneficiaría a «millones de trabajadores inmigrantes y sus familias». Sin embargo, la resolución no especifica quién es un inmigrante «cualificado», lo que sin duda será objeto de un amplio debate partidista. Algunos legisladores republicanos han argumentado que la vía hacia la residencia permanente solo debería abarcar a aquellos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos hace muchos años cuando eran niños, conocidos popularmente como «soñadores», mientras que los demócratas han argumentado que el proyecto de ley debería abarcar a la gran mayoría de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país.

El blog sobre leyes de inmigración de Norris McLaughlin, «Immigration Matters», seguirá cubriendo esta noticia a medida que se conozcan más detalles del Congreso y se alcance una resolución presupuestaria definitiva.

Agentes del ICE reciben la orden de no detener a víctimas de delitos

También el miércoles, la administración Biden ordenó a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que no detuvieran ni deportaran a los inmigrantes que hubieran sido víctimas de delitos en Estados Unidos. El director interino del ICE, Tae Johnson, envió un memorándum a todos los agentes en el que explicaba que el cambio de política tenía por objeto ayudar a los inmigrantes a sentirse seguros a la hora de ponerse en contacto con las fuerzas del orden locales y colaborar con ellas en la investigación de delitos graves sin temor a ser deportados.

La nueva guía instruye a los agentes a actuar con especial precaución al aplicar las leyes de inmigración contra los inmigrantes a quienes se les ha concedido, o están solicitando, un beneficio migratorio por haber sido víctimas de delitos graves o haber colaborado con las fuerzas del orden en el enjuiciamiento de delincuentes.

Esta política se inscribe en una iniciativa estratégica más amplia del presidente Biden para limitar el número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos y reducir el número de personas consideradas prioritarias para la aplicación de la ley.

Si tiene alguna pregunta sobre esta publicación de blog o cualquier otra inquietud migratoria, no dude en contactarme en wcmenard@norris-law.com o al 484-544-0022.