Resumen semanal sobre inmigración: El condado de Bergen pone fin a la mayoría de las detenciones del ICE; el DHS revisa la gestión de los recientes problemas fronterizos; decenas de juristas piden una reforma migratoria.
La Junta del Condado de Bergen, Nueva Jersey, vota a favor de rescindir el contrato con ICE para el uso de la cárcel local como centro de detención.
Esta semana, la Junta de Comisionados del Condado de Bergen puso fin oficialmente a su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que permitía la detención de inmigrantes en la cárcel del condado de Hackensack, Nueva Jersey. La decisión de la junta fue unánime, y el ICE tiene ahora 45 días para retirar a los detenidos que quedan en la cárcel del condado de Bergen.
Sin embargo, el condado no puso fin por completo a su acuerdo con el ICE. La junta de comisionados aprobó un nuevo contrato con los alguaciles federales que permite al gobierno federal retener a los inmigrantes detenidos si están a la espera de juicio o de ser trasladados a otro centro. No está claro de inmediato cuánto tiempo se permitiría la detención en estas circunstancias limitadas.
Tras la decisión del condado de Hudson de rescindir su contrato con el ICE el mes pasado, la cárcel del condado de Bergen era la única instalación que quedaba en Nueva Jersey que colaboraba con el ICE. El sheriff del condado de Bergen, Anthony Cureton, emitió un comunicado en el que afirmaba: «Tras observar los cambios en las prioridades de las fuerzas del orden federales y las grandes fluctuaciones en el número de detenidos en la cárcel, ya no redunda en interés del condado seguir alojando a los detenidos del ICE. Creo que esta es la forma correcta de avanzar».
El DHS revisa los fallos de las agencias tras la llegada de miles de haitianos a la frontera de Texas
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos reconocieron esta semana que los fallos internos en el intercambio de información y los prolongados debates internos sobre cómo gestionar las medidas de deportación dejaron a los funcionarios sin saber cómo manejar a los más de 25 000 haitianos que llegaron a la frontera sur de Texas el mes pasado.
Estos funcionarios señalaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el ICE y la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS habían recibido información en julio de que grandes grupos de haitianos que habían huido a América del Sur y Central estaban intentando viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, esta información no se compartió ampliamente entre las diversas agencias gubernamentales encargadas de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración.
Mientras tanto, muchos miembros de la administración Biden discrepaban sobre el procedimiento para deportar a los haitianos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, o sobre cómo gestionar una crisis humanitaria inmediata. Algunos miembros de la administración argumentaban que las deportaciones serían inhumanas, dada la agitación política tras el asesinato del presidente de Haití, así como el gran terremoto que azotó el país en agosto. Otros afirmaban que las deportaciones disuadirían a futuros migrantes. Esto provocó confusión, ya que las deportaciones se suspendieron temporalmente, pero luego se intensificaron en cuestión de días, deportando a más de 7200 migrantes de vuelta a Haití.
El DHS está llevando a cabo una revisión interna de los factores que han provocado esta crisis y de cómo gestionar mejor la situación en el futuro. Esta revisión se produce cuando decenas de miles de haitianos siguen en Colombia y Panamá, con indicios de que también tienen intención de viajar a Estados Unidos.
Los expertos jurídicos exigen a los líderes del Senado que incluyan medidas de protección migratoria en el paquete de reconciliación
Recientemente, un grupo de más de 90 juristas de todo Estados Unidos envió una carta al Senado de Estados Unidos exigiendo que la vicepresidenta Kamala Harris, el senador Charles Schumer (demócrata por Nueva York) y el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) incluyeran reformas migratorias en la amplia legislación presupuestaria que está siendo estudiada actualmente por el Congreso. Estos expertos pidieron explícitamente que el Senado no siguiera la recomendación de la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien advirtió que las disposiciones sobre inmigración suponían cambios sustanciales en asuntos no presupuestarios que quedaban fuera del ámbito de una ley presupuestaria.
Los académicos sugieren que, si bien el presidente de la sesión puede recurrir al parlamentario del Senado para obtener asesoramiento, en última instancia, la decisión recae en el presidente de la sesión del Senado, que es la vicepresidenta Harris o, si ella no está presente, el senador Leahy. Los expertos destacaron que la inmigración tendría, de hecho, un efecto sustancial en el presupuesto federal, afirmando que «la Oficina Presupuestaria del Congreso estima que el efecto presupuestario de las disposiciones sobre los residentes permanentes legales sería de 140 000 millones de dólares en los próximos 10 años, más que el efecto total de algunas leyes promulgadas mediante la reconciliación presupuestaria en el pasado».
El blog sobre leyes de inmigración de Norris McLaughlin, «Immigration Matters», seguirá de cerca el desarrollo de esta noticia.
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