Según investigadores de la Facultad de Derecho de Georgetown, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han comprado datos privados que contienen millones de registros telefónicos, de agua, electricidad y otros servicios públicos de personas. El ICE utilizará estos registros para perseguir las infracciones de inmigración. El uso de estos datos privados por parte del ICE muestra cómo las agencias gubernamentales explotan los datos comerciales para obtener acceso a información que no pueden recopilar por sí mismas.

La base de datos privada

CLEAR, una empresa de bases de datos propiedad de Thomson Reuters, vende «soluciones de software para investigaciones legales» a una amplia gama de empresas y organismos públicos. Los datos incluyen más de 400 millones de nombres, direcciones y registros de servicios de más de 80 empresas de servicios públicos. Estos datos abarcan información de todos los servicios básicos, como agua, gas y electricidad, teléfono, Internet y televisión por cable.

Según CLEAR, su base de datos, que se actualiza a diario, contiene miles de millones de registros relacionados con el empleo, la vivienda, los informes crediticios, los antecedentes penales y los registros de vehículos de las empresas de servicios públicos de todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Recopila datos de informes crediticios de Equifax.

Aunque Thomson Reuters no proporcionó una lista de sus clientes, sus documentos de marketing muestran que sus datos han sido utilizados por un departamento de policía de Detroit, una cooperativa de crédito de California y un investigador de fraudes del Medio Oeste. Además, los registros de compras federales muestran que los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Defensa se encuentran entre las agencias federales que utilizan CLEAR.

El uso de datos privados por parte de las agencias federales está siendo objeto de revisión.

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, liderado por el representante Jimmy Gómez (demócrata por California) y el representante Raja Krishnamoorthi (demócrata por Illinois), envió cartas a los directores ejecutivos de Thomson Reuters y Equifax solicitando documentos sobre cómo ICE utilizó la información obtenida de estas empresas de datos en los últimos años. «Nos preocupa que la comercialización por parte de Thomson Reuters de los datos personales y de uso de los clientes de servicios públicos y la venta de un amplio acceso a ICE constituya un abuso de la privacidad, y que el uso de esta base de datos por parte de ICE sea un abuso de poder», escribieron los representantes.

Thomson Reuters dirigió las cartas a ICE, que se negó a hacer comentarios, alegando motivos de seguridad. Equifax no respondió a los comentarios. Pero los registros revelan que ICE ha estado utilizando estos datos desde el año pasado. En una respuesta a la Ley de Libertad de Información del Georgetown Law Center, ICE señaló en julio de 2020 que estaba utilizando información de la base de datos pública para investigar a las personas que se quedan más tiempo del permitido. ICE también supervisa la información de que un objetivo ha abandonado recientemente su domicilio.

Nina Wang, asociada de políticas del Georgetown Law Center, dijo que la base de datos permitía al ICE perseguir a los inmigrantes indocumentados que se abstienen de obtener una licencia de conducir, pero cuyos datos, no obstante, caen en manos de las autoridades cuando pagan los servicios públicos y otros elementos esenciales para la vida. «Es necesario trazar una línea en defensa de la dignidad básica de las personas. Y cuando el miedo a la deportación puede poner en peligro su capacidad para acceder a estos servicios básicos, se está cruzando esa línea», afirmó Wang. «Es una traición masiva a la confianza de las personas. ... Cuando te das de alta en la electricidad, no esperas que envíen agentes de inmigración a tu puerta».

¿Seguirá ICE utilizando datos privados?

La suscripción de ICE con Thomson Reuters, que era un contrato de 21 millones de dólares, ha expirado. ICE está preparando una nueva licitación para una «base de datos de investigación policial», pero aún está por ver si la administración Biden aprobará dicho contrato.

Las agencias federales están sujetas a regulaciones relativas al acceso a la información personal de los individuos. La Ley de Privacidad de 1974 regula dicho acceso; sin embargo, la ley no cubre el uso de CLEAR u otras bases de datos privadas por parte de las agencias federales. Las agencias federales han dependido de estos datos privados, que no están autorizadas a recopilar sin una orden judicial. Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han utilizado datos de la ubicación de teléfonos móviles, obtenidos sin orden judicial, para rastrear a personas dentro del país. Aunque los datos no deben ser utilizados por los agentes, estos afirman que las personas han tenido acceso a ellos a través de aplicaciones meteorológicas y de juegos.

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