Las autoridades federales acusaron a cuatro ejecutivos de Speed Fab-Crete Corporation, una empresa de construcción y hormigón prefabricado de Kennedale, Texas, y al propietario de Take Charge Staffing, una agencia de empleo de Texas, por conspiración y otros delitos graves relacionados con la contratación a sabiendas de inmigrantes indocumentados, personas que no estaban legalmente autorizadas para trabajar en los Estados Unidos.

Las acusaciones: empleo de inmigrantes indocumentados

Speed Fab-Crete Corporation (Speed Fab) «es... [una] constructora comercial especializada en aplicaciones de diseño y construcción». La página web de la empresa destaca su «amplia experiencia en construcción... que la ha convertido en una de las empresas constructoras más solicitadas de Texas», donde ha construido «escuelas, instalaciones gubernamentales, concesionarios de automóviles, iglesias y muchas otras instalaciones especializadas». Take Charge Staffing es una agencia de empleo con sede en Texas que proporciona a las empresas personal temporal operativo y cualificado.

Los cargos se derivan de violaciones a la Ley de Control de Inmigración de 1986 (la «IRCA»), que exige a todos los empleadores, como Speed Fab y Take Charge Staffing, verificar la identificación y la autorización para trabajar en los Estados Unidos de cada empleado mediante la cumplimentación del Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad para el Empleo («Formulario I-9»). Los empleadores deben proporcionar a los empleados el formulario I-9 a más tardar en la primera fecha de empleo del empleado. Los empleados deben completar la sección 1 del formulario I-9 y presentarlo al empleador, quien debe completar la sección 2 del formulario I-9, a más tardar tres días después del primer día de empleo del empleado. Al completar la sección 2, los empleadores o sus agentes autorizados deben realizar una revisión en persona de la identificación original y la documentación de autorización de trabajo de cada empleado. Los documentos deben ser auténticos y estar relacionados con la persona que los presenta al empleador. Si bien los empleadores no están «obligados» a ser expertos en documentos, la ley federal aplica el criterio de la persona razonable: ¿una persona razonable creería que los documentos son auténticos y están relacionados con la persona que los presenta? La IRCA exige a los empleadores que conserven los formularios I-9 y, en determinadas circunstancias, copias de los documentos de identificación y autorización de empleo. Tras recibir una citación administrativa o una notificación de inspección (NOI), los empleadores deben entregar los formularios I-9 al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

En octubre de 2015, el DHS emitió una NOI a Speed Fab como parte de una inspección aleatoria del formulario I-9 de la empresa, registros de verificación de elegibilidad para el empleo (registros I-9). La empresa cumplió con la NOI y entregó sus registros I-9 al DHS. Tras una inspección, los funcionarios del DHS determinaron que Speed Fab empleaba a 41 trabajadores indocumentados.  Posteriormente, Speed Fab llegó a un acuerdo confidencial con el DHS que preveía el despido de 39 personas indocumentadas. Dos de las 41 personas originales pudieron aportar pruebas de su elegibilidad para trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Tras resolver la NOI de octubre de 2005, Speed Fab firmó un acuerdo con Take Charge Staffing, una agencia de empleo local, que proporcionaría trabajadores temporales a Speed Fab. Según los funcionarios federales, 23 de los empleados temporales que Take Charge Staffing envió a Speed Fab procedían de los 39 empleados originales despedidos de conformidad con el acuerdo de Speed Fab para resolver la NOI de 2015. El DHS alega que este acuerdo no era más que una conspiración para albergar y emplear a sabiendas a inmigrantes indocumentados y a personas no autorizadas para trabajar en los Estados Unidos.

El fiscal federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Dallas, Texas, acusó a los cinco de conspiración para dar refugio a extranjeros ilegales, así como de emplear a sabiendas a extranjeros ilegales, lo que constituye una violación del artículo 1324 del título 8 del Código de los Estados Unidos. Entre los acusados se encontraban cuatro ejecutivos y propietarios de Speed Fab, Carl Eugene Hall, David Leon Bloxom y el director financiero, Robert Edwin James, así como el propietario de Take Charge Staffing, Mark Sevier.

Los cinco ejecutivos han acordado declararse culpables. Mark Sevier y Carl Eugene Hall se enfrentan cada uno a hasta cinco años de prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de 250 000 dólares. Los otros tres acusados se declararon culpables de delitos menores y se enfrentan cada uno a hasta seis meses de prisión federal, un año de libertad supervisada y una multa de 3000 dólares por cada empleado indocumentado de Speed Fab.

Qué significa esto para los empleadores

Los cargos presentados contra los ejecutivos forman parte de una política de inmigración que se centra en lo que se ha denominado la razón principal del flujo de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos: el empleo. Los funcionarios federales de inmigración se han comprometido a investigar y procesar a quienes emplean a inmigrantes indocumentados.

En el último año fiscal, se emitieron casi 4000 NOI a empleadores estadounidenses, lo que supone un aumento de varios miles por ciento con respecto a años anteriores. Además, una parte significativa de las NOI se notificaron a empleadores de Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York, lo que demuestra un aumento de las medidas de control en los lugares de trabajo en los tres estados. La respuesta de un empleador al recibir una NOI resulta fundamental para garantizar una resolución satisfactoria tanto para el empleador como para las autoridades federales de inmigración, con el objetivo de limitar el riesgo financiero y la posible persecución penal. Por ello, los empleadores no deben responder a las NOI ni a otras citaciones administrativas federales relacionadas con el cumplimiento de la normativa de inmigración laboral sin contar con los servicios de los abogados más eficaces y agresivos en materia de cumplimiento de la normativa de inmigración laboral.

Conclusión

Los abogados de inmigración de Norris McLaughlin han prestado servicios a empleadores de todos los tamaños, desde responder a NOI, citaciones y redadas en lugares de trabajo, incluyendo investigaciones internas, defensa en procesos civiles y penales por incumplimiento de las normas de inmigración, formación de departamentos de recursos humanos, realización de inspecciones aleatorias y revisiones, hasta el desarrollo, la implementación y el funcionamiento de programas corporativos de verificación del cumplimiento de las normas de inmigración en materia de empleo. Para obtener más información sobre la representación de Norris McLaughlin en materia de cumplimiento de la normativa de inmigración para empleadores, o cualquier otro asunto relacionado con la inmigración, póngase en contacto conmigo en rglahoud@norris-law.com.