El DHS y el DOJ publican una propuesta de norma que permite a los funcionarios de asilo resolver íntegramente los casos que antes se asignaban a los jueces de inmigración.
El 18 de agosto de 2021, el Departamento de Justicia («DOJ») y el Departamento de Seguridad Nacional («DHS»), en consonancia con su objetivo de lograr un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, publicaron una Notificación de Propuesta de Reglamentación («NPRM»), que modifica la tramitación de las solicitudes de protección. La norma propuesta permitiría que las personas que reciban una determinación positiva de temor creíble sean entrevistadas posteriormente por los funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), quienes escucharán y decidirán sobre las solicitudes de asilo, la suspensión de la expulsión y la Convención contra la Tortura (CAT). Normalmente, estos casos se asignan a los jueces de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del DOJ.
La norma propuesta
Según la norma propuesta, cualquier persona que demuestre un temor creíble de ser expulsada será remitida a un funcionario de asilo para una audiencia adicional sobre las solicitudes de protección. El funcionario de asilo estará ahora autorizado a resolver en primera instancia las solicitudes de asilo, así como la elegibilidad para la suspensión de la expulsión o la suspensión o el aplazamiento de la expulsión en virtud de la solicitud CAT. Si los funcionarios de asilo deniegan el caso, el no ciudadano podrá solicitar una revisión administrativa de novo por parte del juez de inmigración, que podrá ser recurrida ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Se propone una revisión de los criterios aplicables a las concesiones del agente de libertad condicional antes de la determinación de temor creíble. En este caso, el agente del DHS puede conceder la libertad condicional cuando la detención del no ciudadano no sea posible o sea impracticable, además de los criterios existentes relacionados con emergencias médicas y objetivos de aplicación de la ley.
¿A quién se aplica la norma?
La norma propuesta se aplica a los no ciudadanos que se encuentren en proceso de expulsión acelerada en la fecha de entrada en vigor de la norma definitiva o después de ella. Esta norma no se aplica a los no ciudadanos que ya residen en los Estados Unidos.
Un sistema mejor y más eficiente para resolver reclamaciones
«Hoy marcamos un paso adelante en nuestro esfuerzo por hacer que el proceso de asilo sea más justo y rápido», afirmó el fiscal general Merrick Garland. «Esta norma reducirá el volumen de trabajo de nuestros tribunales de inmigración y protegerá los derechos de quienes huyen de la persecución y la violencia».
«Estos cambios propuestos mejorarán significativamente la capacidad del DHS y del DOJ para considerar de manera más rápida y eficiente las solicitudes de asilo de las personas que se encuentran en la frontera o cerca de ella, al tiempo que se garantiza la equidad fundamental», afirmó el secretario Alejandro N. Mayorkas. «Las personas que reúnan los requisitos recibirán ayuda más rápidamente, mientras que aquellas que no los reúnan serán expulsadas con celeridad. Estamos creando un sistema de inmigración diseñado para garantizar el debido proceso, respetar la dignidad humana y promover la igualdad».
Con el aumento del número de inmigrantes que entran en el país y la acumulación de casos pendientes que deben ser juzgados ante la EOIR, el sistema actual para la audiencia y resolución de solicitudes de asilo necesita urgentemente una reforma. El número de casos ha aumentado de forma constante durante más de una década. La norma propuesta tiene por objeto sustituir el sistema actual por otro más eficiente para resolver las solicitudes de protección de forma justa y rápida. El plazo para presentar comentarios sobre esta norma propuesta finalizará el 19 de octubre de 2021.
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