Proyecto de Ley de Gastos de la Cámara para Seguridad Nacional con Fuerte Enfoque en Muro Fronterizo, Aplicación de la Ley y Deportación
El martes 11 de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes publicó un proyecto de ley de gastos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este incluye aumentos en el gasto tanto para la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP) como para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencias del DHS que se ocupan de la aplicación de la ley fronteriza, la detención y la deportación.
El proyecto de ley solicita un presupuesto de $13.8 mil millones para la CBP, lo que representa un aumento de $1.6 mil millones con respecto al año pasado. Específicamente, los $1.6 mil millones están destinados a la construcción de una barrera física a lo largo de la frontera sur de EE. UU. con México. También pide la contratación de 500 nuevos agentes de la CBP, nueva tecnología y nuevas aeronaves y sensores a lo largo de la frontera.
El proyecto de ley también solicita un presupuesto de $7 mil millones para ICE, un aumento de casi $620 millones con respecto al año pasado. Esto financiará la incorporación de 1,000 nuevos agentes de la ley; programas para combatir la trata de personas, la explotación infantil, el ciberdelito, la revisión de visas y el contrabando de drogas; y un aumento de 4,000 camas de detención para inmigrantes, llegando a un total de 44,000.
Además, el presupuesto tiene la intención de añadir 26 comunidades al controvertido programa “287(g)”, que autoriza a los departamentos de policía locales a llevar a cabo operaciones de inmigración. Muchas ciudades y pueblos de los Estados Unidos han implementado leyes de “ciudad santuario” que prohíben específicamente a sus oficiales participar en tales acciones.
Muchos republicanos elogian el presupuesto por hacer que Estados Unidos sea más seguro, con un enfoque en la aplicación de la ley y la seguridad. El congresista John Carter de Texas afirmó que este “proyecto de ley de financiación proporciona los recursos para comenzar a construir un muro a lo largo de nuestra frontera sur, mejorar nuestra infraestructura de seguridad fronteriza existente, contratar más agentes de la Patrulla Fronteriza y financiar agentes de detención”.
Mientras tanto, los grupos de derechos de los inmigrantes están denunciando enérgicamente el proyecto de ley. Annaluisa Padilla, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, declaró: “Los líderes de la Cámara han cedido a la demanda del presidente Trump de miles de millones en fondos para una fuerza de deportación enorme, malintencionada e improductiva que se produce a expensas de programas nacionales de vital importancia”. Continuó diciendo que, dado “el cambio de prioridades de aplicación de la ley de la Administración, ICE está destrozando familias y deportando a personas que son miembros que contribuyen a nuestras comunidades. Entregar miles de millones en dólares de los contribuyentes para enormes aumentos en el ya masivo sistema de detención de inmigrantes de la nación, financiar un muro innecesario e impráctico, y añadir 1,500 agentes de aplicación de la ley no tiene ningún propósito racional y es una abrogación del deber del Congreso hacia el pueblo estadounidense de gastar su dinero sabiamente”.
A otras agencias, incluida la Administración de Seguridad del Transporte y el Servicio Secreto, se les asignaron presupuestos por debajo de los niveles del año pasado.
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