El Departamento de Justicia resuelve demanda por discriminación migratoria contra empresa de Maryland
Según un anuncio reciente del Departamento de Justicia, una empresa de limpieza y conserjería con sede en Maryland llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para resolver acusaciones de discriminación contra trabajadores no ciudadanos. El anuncio destaca la importancia de asegurar el cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (la “INA”) y las consecuencias de no hacerlo.
Denuncias de discriminación contra no ciudadanos
Según el Departamento de Justicia, una investigación sobre la empresa con sede en Maryland reveló que la compañía exigía rutinariamente documentos específicos a los trabajadores no ciudadanos recién contratados para probar su permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Específicamente, la empresa pedía a los trabajadores residentes permanentes legales que presentaran sus tarjetas de residente permanente (también conocidas como “green cards” o tarjetas verdes) y a los asilados que presentaran sus documentos de autorización de empleo. Al mismo tiempo, la empresa permitía a los ciudadanos de los Estados Unidos elegir de la lista de documentos aceptables según el Formulario I-9, que se discute a continuación. En consecuencia, la empresa impuso una carga adicional a los no ciudadanos durante el proceso de incorporación. La imposición de tal carga a los no ciudadanos constituye discriminación ilegal bajo la INA.
Según los términos del acuerdo de conciliación, la empresa pagará una multa civil de $300,000, y la empresa ha acordado capacitar a su personal sobre las disposiciones antidiscriminatorias de la INA, cambiar sus políticas y permanecer sujeta a la supervisión del departamento por un período de tres años.
El proceso de verificación I-9
El Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, es un formulario estandarizado utilizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (“USCIS”) para la verificación de empleo en los Estados Unidos. Mandatado por la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, el Formulario I-9 se utiliza para verificar la identidad y la autorización legal de todos los empleados que trabajan en los Estados Unidos. Durante el proceso I-9, el empleado debe proporcionar a su empleador documentación que pruebe su estatus legal para trabajar en los Estados Unidos. Durante la mayor parte de su historia, el proceso I-9 requería que un empleador examinara físicamente la documentación de un empleado para verificar la elegibilidad de empleo.
Antidiscriminación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Las disposiciones antidiscriminatorias de la INA se encuentran en 8 U.S.C § 1324(b) y sus regulaciones asociadas en 28 C.F.R. Parte 44. Estas disposiciones de la INA prohíben la discriminación basada en el estatus de ciudadanía y el origen nacional en la contratación, despido, reclutamiento y remisión de trabajadores a cambio de una tarifa. Las disposiciones también prohíben las prácticas documentales injustas, como la involucrada en este caso. Finalmente, estas leyes prohíben la represalia o intimidación contra personas protegidas que presenten una queja relacionada con discriminación contra el empleador. El incumplimiento de estas leyes puede resultar en un proceso judicial, lo que conlleva multas civiles y otras sanciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (“IER”) de la División de Derechos Civiles del DOJ hace cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Bajo la administración Biden, la aplicación de estas leyes ha sido constante. Según la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del DOJ, “los empleadores no pueden tratar a los empleados de manera diferente debido a su ciudadanía, estatus migratorio u origen nacional al verificar su permiso para trabajar. El Departamento de Justicia continuará aplicando vigorosamente la ley para asegurar que los trabajadores no enfrenten discriminación al probar su permiso para trabajar en los Estados Unidos”.
Aplicación de las Reclamaciones por Discriminación por parte del Departamento de Justicia (DOJ)
La administración Biden continúa enfocándose en la aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la INA para proteger a los empleados no ciudadanos vulnerables de prácticas injustas e ilegales. Este acuerdo es solo el más reciente de una serie de acuerdos similares que han tenido lugar en los últimos años. Por esta razón, es más importante que nunca que las empresas garanticen el pleno cumplimiento de la ley de inmigración para evitar las profundas consecuencias que se observan aquí.
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