El DOJ Obtiene Acuerdos Adicionales con Grandes Empresas por Anuncios de Empleo Discriminatorios en Plataformas de Reclutamiento Universitario
El Departamento de Justicia anunció recientemente una serie de acuerdos que resuelven demandas por discriminación de grandes empresas contra no ciudadanos en plataformas universitarias de reclutamiento laboral. Al publicar ofertas de empleo que indicaban que la ciudadanía estadounidense era un requisito para el puesto, las empresas incumplieron las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estos acuerdos resaltan la importancia del cumplimiento corporativo con la ley de inmigración de EE. UU.
Denuncias de discriminación contra no ciudadanos
Según el Departamento de Justicia, un estudiante no ciudadano del Instituto de Tecnología de Georgia presentó una queja por discriminación alegando que Capital One Bank restringía una oportunidad de pasantía remunerada a ciudadanos de los Estados Unidos. La oferta de empleo apareció en la plataforma de reclutamiento laboral de la Universidad. La investigación posterior reveló varios anuncios discriminatorios a primera vista en la plataforma y en plataformas de reclutamiento similares en todo Estados Unidos. Posteriormente, el Departamento abrió investigaciones contra más de 20 empleadores por violaciones de las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”).
El reciente anuncio establece que cuatro grandes empresas – CarMax, Axis Analytics LLC (también conocida como Axis Group), Capital One Bank y Walmart – violaron las disposiciones antidiscriminatorias de la INA y pagarán un total de $331,520 en sanciones civiles. Los montos de los acuerdos individuales varían según el número de anuncios ilegales publicados. Los detalles son los siguientes:
CarMax: $186,480
Axis Analytics: $53,872
Capital One Bank: $49,728
Walmart: $41,440
Además de las sanciones monetarias, las empresas deberán someterse a capacitación adicional sobre sus obligaciones legales según la ley de inmigración de EE. UU. Este anuncio de acuerdo sigue a acuerdos anteriores que involucraron a 16 empresas por violaciones similares de la INA. Las sanciones acumuladas de los acuerdos superaron los $800,000.
Antidiscriminación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Las disposiciones antidiscriminatorias de la INA se encuentran en 8 U.S.C § 1324(b) y sus regulaciones asociadas en 28 C.F.R. Parte 44. Estas disposiciones prohíben la discriminación basada en el estatus de ciudadanía y el origen nacional en la contratación, despido, reclutamiento y remisión de trabajadores a cambio de una tarifa. Las disposiciones también prohíben las prácticas documentales injustas. Finalmente, tipifican como ilegal la represalia o intimidación contra personas protegidas que presenten una queja relacionada con discriminación contra el empleador. El incumplimiento de estas leyes puede resultar en un proceso judicial que conlleve sanciones civiles y otras penalizaciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles del DOJ hace cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la INA. Bajo la administración Biden, la aplicación de estas leyes ha sido constante. Según la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles, “[c]on estos cuatro nuevos acuerdos, el departamento ha responsabilizado a 20 empresas este año por discriminación laboral contra estudiantes basada en su estatus de ciudadanía. La División de Derechos Civiles se compromete a hacer cumplir la ley para garantizar que los solicitantes de empleo –incluidos los residentes permanentes legales, los nacionales de EE. UU., los asilados y los refugiados– no sean excluidos ilegalmente de oportunidades laborales para las que están calificados.”
Aplicación Continua del DOJ en Casos de Discriminación
La administración Biden continúa enfocándose en la aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la INA para proteger a los empleados no ciudadanos vulnerables de prácticas injustas e ilegales. En consecuencia, es imperativo que los empleadores consideren las consecuencias legales de sus políticas, ejerzan el máximo cuidado al implementar sus prácticas de contratación y garanticen el cumplimiento de la ley de inmigración.
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