¿Tiene un niño derecho a un abogado en el tribunal de inmigración?
Dado que el tema de la inmigración aparece con frecuencia en los medios de comunicación y teniendo en cuenta el tono de la cobertura de cuestiones relacionadas, no es de extrañar que el desacuerdo y el debate hayan llegado a abarcar, de una forma u otra, casi todos los aspectos de la legislación en materia de inmigración. Sin embargo, un caso que se está tramitando actualmente en un tribunal federal de Seattle podría llevar el debate sobre los derechos de los niños en los procedimientos de expulsión a un nivel superior.
El caso se centra en una demanda presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que los menores tienen el derecho constitucional a contar con un abogado en los tribunales de inmigración, lo que garantiza una audiencia justa. Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) lo niegan, y uno de ellos afirma que ha sido capaz de «formar a niños de tres y cuatro años en materia de derecho de inmigración», un proceso que, según admite, lleva mucho tiempo, pero que, en su opinión, cumple los requisitos de imparcialidad.
Las reacciones a estas afirmaciones han sido dispares. Mientras que el Departamento de Justicia sostiene que la declaración se sacó de contexto, el abogado de la ACLU, cuyas preguntas provocaron la respuesta, cree que la afirmación del funcionario debe tomarse en serio, ya que la repitió más tarde en la declaración.
UNA CUESTIÓN DE DEBIDO PROCESO
Una parte importante del desacuerdo entre ambas partes se centra en la cuestión de si los menores tienen derecho constitucional a ser representados por un abogado. El Departamento de Justicia sostiene que lo que está en juego es la distinción entre el debido proceso procesal y el debido proceso sustantivo, y afirma que los menores detenidos en la frontera de los Estados Unidos tienen derecho al debido proceso procesal —por ejemplo, a la protección contra la detención indefinida y la tortura—, pero no a los derechos constitucionales sustantivos. De este modo, según el Departamento de Justicia, los menores cuyo caso se encuentra ante los tribunales difieren de los menores que han pasado mucho tiempo en los Estados Unidos, que tendrían derecho a derechos como la representación legal.
Por su parte, la ACLU sostiene que no importa si un niño lleva años en Estados Unidos o si fue detenido ayer en la frontera: cualquier persona citada a comparecer ante un tribunal de inmigración tiene derecho a un abogado.
Los niños involucrados en el caso tienen entre uno y 17 años de edad y llegaron a Estados Unidos desde México, El Salvador, Guatemala y Honduras. La demanda se presentó en 2014 y el juez que supervisa el caso aún no ha emitido un fallo.
Tener que comparecer ante un tribunal de inmigración y enfrentarse a la expulsión de los Estados Unidos es una situación estresante e incierta para cualquiera, y puede ser mucho más difícil para los menores de edad, cuya comprensión de la situación puede no ser lo suficientemente clara. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con su caso de inmigración o el de su hijo, lo mejor que puede hacer es buscar el asesoramiento de un abogado con experiencia y conocimientos para aclarar sus dudas y asegurarse de obtener la ayuda que necesita.
