La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), una organización sin ánimo de lucro, ha demandado a las autoridades federales por el presunto uso de datos de localización de teléfonos móviles para rastrear la ubicación de inmigrantes. La ACLU presentó la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, para obligarlos a divulgar los registros relativos a la compra de datos de localización de teléfonos móviles, que probablemente se utilizarán para rastrear la ubicación de los inmigrantes.

A principios de 2020, aparecieron múltiples noticias sobre la compra por parte de la administración Trump de acceso a bases de datos comerciales que rastrean la ubicación de teléfonos móviles y utilizan esos datos para realizar un seguimiento de los inmigrantes ilegales.

La demanda

Las agencias gubernamentales deben tener una orden judicial para acceder a los datos móviles de una persona. Sin embargo, algunas agencias encontraron una solución alternativa comprando información a empresas externas, lo que ahora está siendo investigado y examinado por la ACLU. La ACLU sospecha que la compra de datos de clientes podría ser ilegal en algunos casos. En la demanda, la ACLU explica cómo el gobierno puede aprovechar los servicios de seguimiento de datos y ubicación del sector privado.

La demanda se presenta después de que la ACLU intentara obtener más registros de las agencias gubernamentales, con el fin de aclarar cómo se utilizan los datos. Aunque la ACLU había solicitado los detalles en virtud de la Ley de Libertad de Información, las agencias no compartieron ningún documento pertinente.

El quid de la cuestión planteada por la ACLU es si la compra de datos de localización por parte del Gobierno es legal, ya que podría suponer una violación de la Cuarta Enmienda. La ACLU se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de 2018, Carpenter contra Estados Unidos, que dictaminó que las fuerzas del orden no pueden recopilar información de localización de una compañía de telefonía móvil sin una orden de registro, ya que se trata de un registro en virtud de la Cuarta Enmienda.

Comentarios sobre la compra de datos de localización por parte de las agencias federales

«Es fundamental que descubramos cómo las agencias federales están accediendo a bases de datos masivas de información sobre la ubicación de los estadounidenses y por qué», afirmó Nathan Freed Wessler, abogado sénior del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, en un comunicado. «No puede haber rendición de cuentas sin transparencia».

Varios senadores demócratas, encabezados por el senador Ron Wyden (D-Ore.), defensor de la privacidad, escribieron una carta al DHS solicitando más información sobre cómo piensan utilizar esos datos. A lo que el DHS respondió que su inspector general se ocuparía del asunto. «Si las agencias federales están rastreando a ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales, el público merece respuestas y rendición de cuentas», afirmó Wyden en un comunicado. «No aceptaré nada menos que una investigación exhaustiva y rápida por parte del inspector general que arroje luz sobre el programa de vigilancia de datos de localización telefónica de la CBP». En la carta al DHS, los senadores escribieron: «La CBP no está por encima de la ley y no debería poder eludir la Cuarta Enmienda».

El DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda de la ACLU. La agencia había reconocido la compra de datos de localización, pero se negó a dar más información sobre el uso que pretendía darles.

Para obtener más información sobre esta publicación de blog o si tiene alguna otra preocupación migratoria, no dude en ponerse en contacto conmigo en rglahoud@norris-law.com o al (484) 544-0022.