Ejecutivos de Silicon Valley Acusados de Fraude de Visa H-1B
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anunció recientemente la acusación formal de dos ejecutivos por su presunta participación en un esquema para abusar del programa de visas H-1B. La acusación alega que los dos presentaron aproximadamente 85 solicitudes fraudulentas de visa H-1B y lavaron aproximadamente $1 millón de ganancias.
Acusaciones de Fraude de Visa
Según la acusación, los acusados, que eran ejecutivos de alto nivel de una empresa tecnológica con sede en California, perpetraron un esquema para abusar del programa de visas H-1B con el fin de generar ganancias ilegales para beneficio personal.
Entre 2011 y 2017, los acusados presuntamente presentaron, a través de su negocio, aproximadamente 85 solicitudes fraudulentas de visa H-1B para trabajadores temporales no inmigrantes. Después de patrocinar a los trabajadores extranjeros para el empleo, los acusados los colocaban en puestos de trabajo con otras empresas, creando así una ventaja injusta e ilegal sobre las empresas de personal. Después de hacerlo, los acusados cobraban honorarios a estos empleadores para cubrir el costo de los salarios de los trabajadores extranjeros, obteniendo una ganancia de casi $7 millones. De estas ganancias, aproximadamente $1 millón fue lavado ilegalmente.
Cada acusado fue imputado con un cargo de conspiración para cometer fraude de visa, en violación de 18 U.S.C. § 371, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Además, fueron imputados con dos cargos de fraude de visa, 18 U.S.C. § 1546(a), con una pena máxima de diez años de prisión por cada cargo. Finalmente, por presuntamente lavar las ganancias ilegales de las prácticas fraudulentas, un acusado fue imputado con un cargo de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1957, que conlleva una pena máxima legal de diez años de prisión. Cada cargo conlleva una multa máxima legal de $250,000.00, o el doble de la ganancia o pérdida bruta.
Los acusados comparecieron ante un tribunal federal la semana pasada. Como en cualquier caso penal, los cargos son solo alegaciones y aún no han sido probados en la corte. Los abogados de los acusados dijeron que lucharán contra los cargos, calificando las acusaciones del gobierno como "un uso indebido y una mala aplicación de las complejas leyes de visas H-1B".
Visas H-1B de Ocupación Especializada
La H-1B es una categoría de visa temporal para no inmigrantes que permite a los empleadores solicitar en nombre de profesionales extranjeros altamente educados que trabajan en ocupaciones especializadas que requieren al menos una licenciatura. Para patrocinar a trabajadores extranjeros bajo el programa, el empleador debe presentar una solicitud al Departamento de Trabajo de EE. UU. que certifique, entre otras cosas, las condiciones laborales y describa la existencia, duración y salarios asociados con el trabajo temporal.
Un empleador patrocinador debe emplear al beneficiario de la visa H-1B bajo el programa. Este detalle parece ser el punto crucial del caso de Silicon Valley, ya que las alegaciones indican que los acusados colocaron a los trabajadores extranjeros con otros empleadores. Los acusados niegan vehementemente esta alegación. Su abogado señaló que "mientras al empleado se le paguen salarios de Silicon Valley, la ubicación del lugar de trabajo no importa. Además, cuando un lugar de trabajo se mudó, la compañía informó al gobierno y completó la documentación adecuada requerida".
Penas Criminales Severas por Violaciones Relacionadas con la Inmigración
La acusación resalta las graves consecuencias penales por el abuso y fraude de los programas de inmigración, que son ilegales bajo la ley federal. Además, subraya los continuos esfuerzos del gobierno de EE. UU. para proteger del abuso y la manipulación a los trabajadores extranjeros vulnerables que buscan ingresar a este país.
La acusación en este caso fue el resultado de una larga investigación dirigida por el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Beneficios ("DBFTF"), supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional. Los acusados deben regresar a la corte federal en abril de este año.
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