Las leyes de “Ciudad Santuario” se convierten en tema central a nivel nacional

Un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Texas ha detenido la implementación de una prohibición sobre las llamadas 'ciudades santuario' en el estado, y la Ciudad de Filadelfia ha presentado una demanda contra el Fiscal General Jeff Sessions, alegando que ha retenido ilegalmente fondos de subvención a ciudades que el Departamento de Justicia ha considerado ciudades santuario. Las ciudades de San Francisco, Chicago y Los Ángeles, así como el Estado de California, han presentado demandas similares.

El término 'ciudad santuario' no está definido por ley y no existe una ley uniforme de ciudad santuario en todo el país (lo que a menudo dificulta la aplicación de las normas relativas a las ciudades santuario). Sin embargo, el tema principal de la mayoría de las leyes y resoluciones de ciudades santuario es una declaración de que las fuerzas del orden y otros funcionarios gubernamentales no pedirán información sobre el estatus migratorio de las personas a menos que lo exija la ley, y no reducirán ni negarán servicios debido al estatus migratorio de una persona. Varias ciudades y pueblos también han aprobado leyes que establecen que no participarán en los llamados 'acuerdos 287(g)', en los que las autoridades federales de inmigración celebran acuerdos con los departamentos de policía locales y delegan a los agentes locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. (Para más información sobre los acuerdos 287(g), consulte mi publicación anterior en el blog aquí.) Finalmente, varias localidades han declarado que no detendrán a individuos en nombre de los oficiales federales de inmigración.

En Texas, el Gobernador Greg Abbott promulgó recientemente el Proyecto de Ley del Senado 4 –conocido coloquialmente como la ley de 'muestre sus papeles'– para evitar que los gobiernos locales del estado establezcan sus propias normas sobre la aplicación de las leyes de inmigración, y para autorizar expresamente a todos los agentes de policía estatales y locales a interrogar a cualquier persona arrestada o detenida sobre su estatus migratorio, incluso si la detención es por una infracción de tráfico. También contemplaba multas para los agentes de policía que se negaran a cumplir las solicitudes de las autoridades federales de inmigración de retener a un individuo con fines migratorios, incluso si esa persona ya no estaría detenida por ninguna razón bajo las leyes penales estatales. El 30 de agosto, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, detuvo la implementación de la ley, declarando que corría el riesgo de violar los derechos constitucionales de las personas y de disuadir a los individuos indocumentados de ayudar a las fuerzas del orden denunciando delitos.

Mientras tanto, en Filadelfia, la ciudad argumentará en un tribunal federal que los intentos del gobierno federal de obligar a los departamentos de policía locales a detener a individuos con fines migratorios son una violación de la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU., ya que obliga indebidamente a los estados y gobiernos locales a asumir el gasto de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

El Presidente Trump y el Fiscal General Sessions, entre otros republicanos, argumentan que la falta de asistencia de los gobiernos locales en la aplicación de las leyes de inmigración ha provocado la liberación de numerosos individuos indocumentados peligrosos, generando preocupaciones de seguridad pública. Varias ciudades y pueblos con leyes de ciudades santuario han rebatido ese argumento diciendo que la delincuencia ha disminuido en sus ciudades y que no pueden permitirse los miles o millones de dólares adicionales que cuesta detener a los individuos más tiempo del requerido por la ley.

Dado que el Presidente Trump ha hecho de la aplicación de la ley fronteriza y de leyes de inmigración más estrictas una prioridad en las próximas negociaciones presupuestarias, es probable que este tema reciba un mayor escrutinio mientras el Congreso y la Casa Blanca intentan llegar a un acuerdo de gastos. Como siempre, los mantendremos informados.

Si tiene preguntas sobre inmigración, por favor contácteme en wcmenard@nmmlaw.com.

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