El DOJ Resuelve Demanda por Discriminación Migratoria Contra Proveedor de Atención Domiciliaria de Washington
El Departamento de Justicia anunció recientemente un acuerdo de conciliación con un proveedor de atención domiciliaria con sede en el estado de Washington. El acuerdo resuelve las reclamaciones de que la empresa incurrió en prácticas discriminatorias contra no ciudadanos a través de sus prácticas de E-Verify. El anuncio subraya las graves consecuencias de violar las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”).
Acusaciones de discriminación contra no ciudadanos
Según el Departamento de Justicia, una investigación a la empresa con sede en Washington reveló que esta discriminaba a los no ciudadanos mediante el uso del sistema E-Verify, un programa electrónico que permite a los empleadores inscritos confirmar el permiso de sus empleados para trabajar en los Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno determinaron que la empresa utilizó el sistema E-Verify para confirmar que solo sometía a los no ciudadanos a E-Verify y no utilizaba el programa para sus empleados ciudadanos estadounidenses. En consecuencia, la empresa impuso una carga adicional a los no ciudadanos durante el proceso de contratación. La imposición de tal carga a los no ciudadanos constituye discriminación ilegal según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Según el acuerdo de conciliación, la empresa no puede seguir utilizando E-Verify de forma selectiva basándose en la ciudadanía o el estatus migratorio. Además, la empresa debe capacitar a sus empleados sobre las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Finalmente, la empresa está ahora sujeta a un período de tres años de supervisión gubernamental para prevenir futuras violaciones de la ley.
Antidiscriminación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se encuentran en 8 U.S.C § 1324(b) y sus reglamentos asociados en 28 C.F.R. Parte 44. Estas disposiciones prohíben la discriminación basada en el estatus de ciudadanía y el origen nacional en la contratación, el despido, el reclutamiento y la remisión de trabajadores a cambio de una tarifa. Las disposiciones también prohíben las prácticas documentales injustas, como la involucrada en este caso. Finalmente, estas leyes tipifican como ilegal tomar represalias o intimidar a las personas protegidas que presentan una queja relacionada con discriminación contra el empleador. El incumplimiento de estas leyes puede dar lugar a un proceso judicial, conllevando sanciones civiles y otras penalizaciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados ("IER") de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) hace cumplir las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y bajo la administración Biden, la aplicación ha sido constante. Según la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles, "[l]os empleadores no pueden usar E-Verify para discriminar a los empleados por su ciudadanía o estatus migratorio". Añadió: "[l]a División de Derechos Civiles está comprometida a proteger a los trabajadores de la discriminación ilegal por ciudadanía y a eliminar las barreras discriminatorias en todas las etapas del proceso de contratación".
Aplicación de las Reclamaciones por Discriminación por parte del Departamento de Justicia (DOJ)
La administración Biden mantiene su enfoque en la aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para proteger a los empleados no ciudadanos vulnerables de prácticas injustas e ilegales. En consecuencia, es imperativo que los empleadores consideren las consecuencias legales de sus políticas, ejerzan el máximo cuidado al implementar sus prácticas de contratación y garanticen el cumplimiento de la ley de inmigración.
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