Ejecutivos de Silicon Valley acusados de fraude con visados H-1B
El Fiscal del Distrito Norte de California ha anunciado recientemente la imputación de dos ejecutivos por su presunta participación en una trama de abuso del programa de visados H-1B. En la acusación se alega que ambos presentaron aproximadamente 85 solicitudes fraudulentas de visado H-1B y blanquearon aproximadamente 1 millón de dólares de los ingresos.
Denuncias de fraude con visados
Según el auto de procesamiento, los acusados, que eran altos ejecutivos de una empresa tecnológica con sede en California, perpetraron un plan para abusar del programa de visados H-1B con el fin de generar ingresos ilegales en beneficio propio.
Entre 2011 y 2017, los acusados presuntamente presentaron, a través de su empresa, aproximadamente 85 solicitudes fraudulentas de visados H-1B para trabajadores temporales no inmigrantes. Después de patrocinar a los trabajadores extranjeros para el empleo, los acusados los colocaban en puestos de trabajo con otras empresas, creando así una ventaja injusta e ilegal sobre las empresas de dotación de personal para el empleo. Después de hacerlo, los acusados cobraban honorarios a estos empleadores para cubrir el coste de los sueldos y salarios de los trabajadores extranjeros, obteniendo unos beneficios de casi 7 millones de dólares. De estas ganancias, aproximadamente 1 millón de dólares fue blanqueado ilegalmente.
A cada uno de los acusados se le imputó un cargo de conspiración para cometer fraude de visados, en violación de 18 U.S.C. § 371, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Además, se les acusó de dos cargos de fraude de visados, 18 U.S.C. § 1546(a), con una pena máxima de diez años de prisión por cada cargo. Por último, por el presunto blanqueo del producto ilícito de las prácticas fraudulentas, uno de los acusados fue acusado de un delito de blanqueo de capitales, en violación de 18 U.S.C. § 1957, que conlleva una pena máxima legal de diez años de prisión. Cada cargo conlleva una multa máxima legal de 250.000 dólares, o el doble del importe bruto de las ganancias o pérdidas.
Los acusados comparecieron ante un tribunal federal la semana pasada. Como en cualquier caso penal, los cargos son sólo alegaciones y aún no han sido probados ante un tribunal. Los abogados de los acusados dijeron que lucharán contra los cargos, calificando las acusaciones del gobierno como "un mal uso y una mala aplicación de las complejas leyes de visados H-1B."
Visados H-1B para profesiones especializadas
El visado H-1B es una categoría de visado temporal para no inmigrantes que permite a las empresas presentar peticiones en nombre de profesionales extranjeros con un alto nivel de formación que trabajen en ocupaciones especializadas que requieran al menos una licenciatura. Para patrocinar a trabajadores extranjeros en el marco del programa, el empleador debe presentar una solicitud al Departamento de Trabajo de EE.UU. que acredite, entre otras cosas, las condiciones laborales y describa la existencia, duración y salarios asociados al trabajo temporal.
Un empleador patrocinador debe emplear al beneficiario del H-1B en el marco del programa. Este detalle parece ser el quid de la cuestión en el caso de Silicon Valley, ya que las alegaciones indican que los demandados colocaron a los trabajadores extranjeros con otros empleadores. Los demandados niegan vehementemente esta acusación. Su abogado señaló que "mientras se pague al empleado el salario de Silicon Valley, la ubicación del lugar de trabajo no importa. Además, cuando un lugar de trabajo se trasladaba, la empresa informaba al gobierno y cumplimentaba la documentación adecuada requerida."
Sanciones penales severas para las infracciones relacionadas con la inmigración
La acusación pone de relieve las graves consecuencias penales del abuso y el fraude de los programas de inmigración, que son ilegales según la legislación federal. Además, subraya los continuos esfuerzos del gobierno estadounidense para proteger de los abusos y la manipulación a los trabajadores extranjeros vulnerables que intentan entrar en este país.
El procesamiento en este caso fue el resultado de una larga investigación dirigida por el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Prestaciones ("DBFTF"), supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional. Los acusados deberán comparecer de nuevo ante el tribunal federal en abril de este año.
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