Condenan a 24 años de cárcel a un socio de la empresa Key West Staffing por delitos fiscales, de inmigración y blanqueo de capitales, según el DOJ
El Departamento de Justicia (DOJ) ha anunciado recientemente la condena de un empresario de Florida por su participación en una operación delictiva de décadas de duración consistente en la contratación de trabajadores indocumentados para su beneficio personal. La sentencia pone de relieve las importantes repercusiones de los delitos relacionados con la inmigración y los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia por perseguir y enjuiciar las prácticas empresariales que infringen la legislación estadounidense en materia de inmigración y fiscalidad.
Acusaciones de fraude, blanqueo de dinero e infracciones en materia de inmigración
En el comunicado de prensa del Departamento de Justicia se afirma que el propietario de la empresa dirigía varias agencias de empleo en el sur de Florida. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, entre 2007 y 2021, facilitó el empleo en múltiples sectores a personas que no estaban autorizadas a trabajar en Estados Unidos. A través de sus agencias, organizó el empleo ilegal de las personas indocumentadas en diversas industrias en todo el sur de Florida.
El esquema defraudó al Servicio de Impuestos Internos más de 25 millones de dólares en ingresos fiscales que se habrían pagado por el empleo de personas documentadas en el transcurso de décadas. Además, tras beneficiarse de la estafa, el propietario de la empresa envió cheques y transferencias por un total de más de 11 millones de dólares a conspiradores en el extranjero. Tras el juicio celebrado en el Distrito Sur de Florida, fue condenado a 24 años de prisión más tres años de libertad supervisada. Además, el juez José E. Martínez dictará una sentencia de decomiso contra él. En la investigación y el juicio intervinieron múltiples organismos, entre ellos Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Investigación Penal del IRS, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y Operaciones Aéreas y Marítimas del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.
El fiscal general adjunto en funciones Stuart M. Goldberg, de la División Fiscal del Departamento de Justicia, señaló que la "operación ilegal de contratación de personal y blanqueo de dinero del acusado duró más de una década y costó al Gobierno millones de dólares en impuestos sobre nóminas impagados". Los empresarios que respetan las normas y pagan los impuestos que les corresponden merecen competir en igualdad de condiciones. Los que hacen recortes y eluden sus obligaciones legales deben saber que serán investigados y perseguidos."
Desgraciadamente, la trama consistía en la selección y manipulación deliberadas de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Por lo general, para que un no ciudadano pueda trabajar en Estados Unidos, debe presentar el formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo, para pedir autorización de empleo y un Documento de autorización de empleo ("EAD", por sus siglas en inglés). Obtener un EAD es complicado, pero garantiza que el trabajador esté documentado y pague su parte de impuestos sobre la nómina.
Represión de las prácticas laborales ilegales
La sentencia pone de relieve la continua ofensiva del Departamento de Justicia contra las empresas que tratan de obtener una ventaja injusta mediante la violación de las leyes de empleo e inmigración. En consecuencia, las empresas deben asegurarse de cumplir cuidadosamente la ley para evitar la atención no deseada de los investigadores federales.
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