Resumen semanal: Los inmigrantes cualificados dominan Silicon Valley, la Casa Blanca se enfrenta a las ciudades santuario y soldados estadounidenses inmigrantes solicitan la ciudadanía
Los trabajadores inmigrantes son mayoría en Silicon Valley
Silicon Valley, conocido en todo el mundo como centro tecnológico con sedes de muchas empresas, entre ellas Google y Apple, depende en gran medida de empleados cualificados extranjeros.
El año pasado, el Informe sobre Competitividad e Innovación en Silicon Valley señalaba que el 57% de los profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidas como "STEM") de la región habían nacido en el extranjero. Otras regiones también contaban con un elevado número de profesionales nacidos en el extranjero en campos STEM, como Nueva York, con un 43%, Boston, con un 33%, y el sur de California, con un 42%. Una reseña reciente del Seattle Times señala que el 40% de los empleados en el campo de las tecnologías de la información en Seattle son nacidos en el extranjero, y más de la mitad de los programadores informáticos de Seattle proceden de fuera de Estados Unidos. Numerosas regiones de Estados Unidos también tienen altos porcentajes de trabajadores tecnológicos inmigrantes, con varias zonas -entre ellas Dallas-Fort Worth y Washington D.C.- por encima del 30%.
Mientras que grupos como el Silicon Valley Leadership Group recomiendan aumentar la inmigración de mano de obra extranjera cualificada, la Administración Trump ha expresado su deseo de poner límites más estrictos a la mano de obra inmigrante. Prestaremos mucha atención a cómo afectará el nuevo enfoque del Gobierno a las industrias STEM de todo el país y les mantendremos informados.
Si tiene alguna duda sobre la contratación de un empleado extranjero para trabajar en Estados Unidos, póngase en contacto con un abogado experto en inmigración.
Presión sobre las ciudades santuario
La batalla entre las "ciudades santuario" y la administración Trump se intensificó el miércoles cuando el Departamento de Justicia envió cartas a aproximadamente dos docenas de ciudades y jurisdicciones de todo Estados Unidos con amenazas de citaciones sobre pruebas y evidencias del cumplimiento de las normas de inmigración. Muchas de las ciudades ya han declarado que cumplen plenamente la ley, mientras que otras ya han demandado al Departamento de Justicia por amenazar con cortar millones de dólares en financiación por incumplir las peticiones federales en materia de inmigración.
La reacción contra el Departamento de Justicia no se hizo esperar. Varios miembros de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, una organización bipartidista que se había reunido previamente con el presidente para tratar temas como las infraestructuras y las sobredosis de drogas, anunciaron un boicot a la reunión prevista. El presidente de la conferencia, el alcalde de Nueva Orleans Mitch Landrieu, dijo en un comunicado que "la decisión de la administración Trump de amenazar a los alcaldes y demonizar a los inmigrantes una vez más -y usar a las ciudades como accesorios políticos en el proceso- ha hecho que esta reunión sea insostenible." Y continuó: "La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos se enorgullece de ser una organización bipartidista. Pero un ataque a los alcaldes que dirigen ciudades acogedoras es un ataque a todos los miembros de nuestra conferencia."
Avanza la demanda de soldados estadounidenses para agilizar la concesión de la nacionalidad
El martes, la juez de distrito Ellen S. Huvelle rechazó el intento del gobierno de desestimar una demanda colectiva presentada por reclutas no ciudadanos del Ejército de EE.UU., en la que se alegaba que el Departamento de Defensa había retrasado injustamente la naturalización de reclutas a los que se había prometido una ciudadanía expeditiva.
El programa de Adhesiones Militares Vitales para el Interés Nacional (MAVNI) se creó en 2008 para ofrecer una naturalización rápida a los reclutas militares nacidos en el extranjero con conocimientos lingüísticos o médicos especializados. El programa se había creado para cubrir puestos muy necesarios en las fuerzas armadas, sobre todo para aquellos con determinados conocimientos lingüísticos, como el árabe, el hindú y el chino.
El programa empezó a tener problemas en septiembre de 2016, cuando el gobierno mejoró el proceso de control de seguridad, lo que provocó importantes retrasos. Después, en otoño de 2017, el Departamento de Defensa anunció que cancelaba los contratos de reclutamiento de determinados alistados, lo que exponía a muchos de ellos a una posible deportación. En octubre de 2017, el juez Huvelle ordenó al Departamento de Defensa que siguiera tramitando las solicitudes de ciudadanía aceleradas, dictaminando que interrumpir el programa en ese momento pondría en peligro las carreras y las vidas de las personas.
Continuaremos siguiendo este caso a medida que avance.