El resumen semanal: Un tribunal federal impide a la Casa Blanca castigar a las ciudades santuario, las empresas de Florida se oponen a la verificación electrónica obligatoria del empleo y el presidente Trump abandona el fondo de defensa legal de los inmigrantes

Un tribunal federal de Los Ángeles impide a la Casa Blanca castigar a las ciudades santuario

El miércoles, el juez Manuel Real, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que el Departamento de Justicia no podía dar un trato especial a las ciudades que cooperaran con las autoridades de inmigración a la hora de conceder una subvención federal concreta. La subvención en cuestión, apodada "COPS", estaba destinada a la contratación de nuevos agentes de policía a nivel local; sin embargo, no tenía ninguna relación con asuntos de inmigración. La decisión del juez Real se aplica no sólo al sur de California, sino a todo el país.

En efecto, esta sentencia impide al Departamento de Justicia vincular las subvenciones federales municipales a la participación de una ciudad en la aplicación de las leyes de inmigración junto con las autoridades federales. El portavoz del DOJ, Devin O'Malley, expresó su desacuerdo con la decisión y declaró que el departamento mantendría su compromiso de ayudar a los gobiernos locales "que dan prioridad a la seguridad de sus comunidades y de sus agentes del orden cuando prometen cooperar con las autoridades federales de inmigración." Mientras tanto, el fiscal general de California, Xavier Becerra, saludó la decisión como una victoria, afirmando que la "administración Trump no puede manipular los requisitos de fondos de subvenciones federales para presionar a los estados, condados o municipios para que apliquen las leyes federales de inmigración."

Oposición a la verificación electrónica del empleo en Florida

Un grupo de políticos republicanos, empresarios del sector de los cruceros y de la agricultura, e incluso ex jugadores de baloncesto de la NBA, se oponen a un proyecto de enmienda de la Constitución del Estado de Florida que obligaría a las empresas a verificar electrónicamente todas las nuevas contrataciones.

El sistema electrónico estatal sería similar al utilizado por el gobierno federal, conocido como "E-Verify", gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional y que permite a los empresarios realizar una comprobación instantánea de una persona concreta para determinar si está autorizada a trabajar en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, el sistema federal es voluntario. Como se informó en Sunshine State News, la Immigration Partnership & Coalition Fund, junto con la American Business Immigration Coalition, emitió un informe en el que se detalla que esto no sólo causaría escasez de mano de obra en las industrias de la agricultura y los viajes y una pérdida de 4.700 millones de dólares para los empleadores de Florida, sino que también haría poco para frenar el empleo ilegal, alegando que el sistema E-verify tiene una tasa de error del 12%. Paul DiMare, director general de DiMare Distribution, un distribuidor de productos agrícolas de Florida, denunció la medida, señalando que ya había una escasez de mano de obra del 35-40% en el estado. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional cuestiona la tasa de error, afirmando que E-Verify tiene una precisión del 98,91%.

A la enmienda propuesta se opusieron, entre otros, el senador estatal republicano René García, el presidente de Carnival Cruise Lines, Mickey Arison, la vicepresidenta de Univisión, María López Álvarez, el presidente de Los Ángeles Lakers, Magic Johnson, y el ex All-Star de la NBA Alonzo Mourning.

La Casa Blanca suspende la asistencia jurídica a inmigrantes

El Departamento de Justicia anunció esta semana que ha suspendido el Programa General de Orientación Jurídica, que ofrece asesoramiento a inmigrantes en proceso de deportación, así como un programa que gestiona un servicio de atención telefónica para responder a preguntas sobre inmigración. Estos programas fueron creados por el Presidente Bush en 2003 para ayudar a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación a defender sus derechos.

La administración Trump declaró que los programas estaban "en pausa con el fin de llevar a cabo una auditoría interna y una revisión de su eficacia", añadiendo que el "Programa General de Orientación Jurídica no ha tenido uno de estos hechos en seis años. El otro es un programa más reciente, por lo que nunca se ha hecho una revisión general". Mientras tanto, Benjamin Johnson, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, se mostró en desacuerdo con la decisión, afirmando que la "terminación de este programa vital es el último de una serie de nuevas políticas y anuncios del DOJ que no son nada menos que un asalto al debido proceso y la equidad fundamental."

Si está en proceso de inmigración y tiene alguna pregunta sobre sus derechos legales, póngase en contacto con un abogado de inmigración con experiencia para hablar de su caso.