Las leyes de "ciudades santuario" se convierten en tema central en todo el país
Un tribunal de distrito de Estados Unidos en Texas ha detenido la aplicación de una prohibición de las llamadas "ciudades santuario" en el estado y la ciudad de Filadelfia ha presentado una demanda contra el fiscal general Jeff Sessions, alegando que ha retenido ilegalmente el dinero de las subvenciones a las ciudades que el Departamento de Justicia ha considerado ciudades santuario. Las ciudades de San Francisco, Chicago y Los Ángeles, así como el estado de California, han presentado demandas similares.
El término "ciudad santuario" no está definido por la ley y no existe una ley uniforme de ciudades santuario en todo el país (lo que a menudo dificulta la aplicación de las normas relativas a las ciudades santuario). No obstante, el tema general de la mayoría de las leyes y resoluciones sobre ciudades santuario es una declaración de que las fuerzas del orden y otros funcionarios públicos no pedirán a las personas información sobre su situación migratoria a menos que lo exija la ley y no reducirán ni denegarán servicios debido a la situación migratoria de una persona. Varias ciudades también han aprobado leyes que declaran que no participarán en los llamados "acuerdos 287(g)", en los que las autoridades federales de inmigración firman acuerdos con los departamentos de policía locales y delegan en agentes locales la aplicación de las leyes federales de inmigración. (Para más información sobre los acuerdos 287(g), consulte la entrada anterior de mi blog aquí). Por último, varias localidades han declarado que no mantendrán detenidas a personas en nombre de los funcionarios federales de inmigración.
En Texas, el gobernador Greg Abbott promulgó recientemente la Ley 4 del Senado -llamada coloquialmente ley "enseñe los papeles"- para impedir que los gobiernos locales del estado dicten sus propias normas sobre la aplicación de las leyes de inmigración, y autorizar expresamente a todos los agentes de policía estatales y locales a interrogar sobre su situación migratoria a cualquier persona detenida o arrestada, aunque la detención sea por una infracción de tráfico. También preveía multas para los agentes de policía que se negaran a atender las peticiones de las autoridades federales de inmigración de retener a una persona por motivos de inmigración, aunque esa persona ya no pudiera ser detenida por ningún motivo en virtud de las leyes penales estatales. El 30 de agosto, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, detuvo la aplicación de la ley, declarando que corría el riesgo de violar los derechos constitucionales de las personas y de disuadir a los indocumentados de ayudar a las fuerzas del orden denunciando delitos.
Mientras tanto, en Filadelfia, la ciudad alegará ante un tribunal federal que los intentos del gobierno federal de obligar a los departamentos de policía locales a detener a personas por motivos de inmigración constituyen una violación de la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que obliga indebidamente a los estados y a los gobiernos locales a asumir el gasto de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El presidente Trump y el fiscal general Sessions, entre otros republicanos, argumentan que el hecho de que los gobiernos locales no colaboren en la aplicación de la ley de inmigración ha provocado la puesta en libertad de numerosos indocumentados peligrosos, lo que ha generado problemas de seguridad pública. Varios pueblos y ciudades con leyes de ciudades santuario han rebatido ese argumento diciendo que la delincuencia ha disminuido en sus ciudades, y que no pueden permitirse los miles o millones de dólares adicionales que cuesta detener a individuos más tiempo del requerido por la ley.
Debido a que el presidente Trump ha hecho de la aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración más estrictas una prioridad en las próximas negociaciones presupuestarias, este tema probablemente recibirá más escrutinio mientras el Congreso y la Casa Blanca tratan de llegar a un acuerdo de gasto. Como siempre, les mantendremos informados.
Si tiene preguntas sobre inmigración, póngase en contacto conmigo en wcmenard@nmmlaw.com.
