Un contratista de Massachusetts toma represalias contra un trabajador inmigrante lesionado; el jurado le concede 650.000 dólares por daños y perjuicios
Un jurado federal del distrito de Massachusetts ha declarado recientemente que un contratista de Massachusetts tomó represalias ilegales contra un empleado inmigrante tras sufrir una lesión laboral, lo que provocó su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ("ICE"). El jurado concedió al empleado 50.000 dólares en concepto de daños compensatorios y 600.000 dólares en concepto de daños punitivos, lo que pone de relieve las graves consecuencias de las represalias en el lugar de trabajo.
Acusaciones de represalias contra un empleado
Según una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts el 27 de febrero de 2019, un empleado inmigrante sufrió una lesión laboral cuando se cayó de una escalera en marzo de 2017. Después de informar de la lesión a su empleador, el empleado denunció el incidente a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo ("OSHA").
A raíz de la denuncia de problemas de seguridad, el empleador inició una investigación de inmigración que condujo a la detención del empleado por el ICE. Basándose en mensajes de texto y registros telefónicos, el empleador organizó que los agentes del ICE se reunieran con el empleado en el lugar de trabajo del empleador, y el empleador no se opuso a la detención del empleado en ese lugar. Una investigación posterior del Programa de Protección de Denunciantes de OSHA concluyó que las acciones del empleador constituían represalias contra el empleado y, por tanto, eran ilegales.
Con arreglo a la legislación laboral estadounidense, las denuncias que dan lugar a procedimientos de la OSHA son actividades protegidas en virtud del artículo 11(c) de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Occupational Safety and Health Act, OSH Act), que prohíbe las represalias contra los empleados que denuncien infracciones en el lugar de trabajo. La Ley OSH prohíbe a los empleadores tomar represalias contra los empleados que ejercen sus derechos en virtud de la Ley, independientemente de la situación migratoria del empleado. La Ley OSH proporciona lugares de trabajo seguros y saludables para los trabajadores en los Estados Unidos, y la OSHA actúa para garantizar que las condiciones del lugar de trabajo en este país sigan siendo seguras para todos los trabajadores.
Jurado otorga veredicto sustancial contra el empresario
La demanda contra el empleador llegó a juicio y fue fallada recientemente por un jurado, que concedió al empleado 50.000 dólares en concepto de daños compensatorios y 600.000 dólares en concepto de daños punitivos. En concreto, el jurado valoró en 200.000 dólares los daños punitivos contra la empresa del empleador y en 400.000 dólares contra el empleador individual que denunció al empleado al ICE. Según la Procuradora del Trabajo, Seema Nanda, "el Departamento de Trabajo no tolerará represalias contra los empleados que denuncien abusos en el lugar de trabajo, ni siquiera cuando un empleador intente utilizar la supuesta condición de inmigrante de un empleado como forma de intimidar a los trabajadores. El éxito de la aplicación de las leyes de protección de los trabajadores depende de que éstos se sientan lo suficientemente seguros como para hablar en su nombre y en el de sus compañeros. Si los trabajadores son lo bastante valientes para denunciar, utilizaremos todas las herramientas legales de que disponemos para protegerlos."
La sentencia pone de relieve el derecho de los trabajadores inmigrantes a denunciar las infracciones laborales
El veredicto envía un mensaje contundente a los empresarios que pretenden tomar represalias contra los empleados que ejercen sus derechos conforme a la ley. Además, el veredicto pone de relieve que la situación migratoria de un empleado no influye en su capacidad para ejercer los derechos que le confiere la legislación laboral para denunciar infracciones laborales en Estados Unidos.
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